La causa del fentanilo avanza y una conexión salpica al poder

La causa por el fentanilo adulterado se acelera. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó en la jornada de ayer el allanamiento de 22 domicilios ligados a personas vinculadas a HLB Pharma Group S.A. y su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo. La producción de varios lotes de fentanilo de uso clínico producidos y distribuidos por esas firmas estarían vinculados al fallecimiento de al menos 53 pacientes internados en clínicas y hospitales, pero el número puede ser mayor.

Los allanamientos son derivados de los análisis que los investigadores realizaron sobre los 267 expedientes que se abrieron sobre los dos laboratorios. De ese total, 117 son específicamente por “desvío de calidad” en la producción de medicamentos e insumos médicos que dieron lugar a 133 “alertas” de distinto tenor y gravedad.

Los laboratorios HLB Pharma y Ramallo ya habían sido allanados en dos oportunidades. También una droguería que responde a la misma sociedad y otras que vendieron la partida contaminada con dos bacterias de “FENTANILO HLB / CITRATO DE FENTANILO, concentración 0,05 mg/ml, en la forma farmacéutica solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml”. Lo cierto es que la historia que rodea a los laboratorios es mucho más que un escándalo sanitario. Se trata de una compleja red de poder, contactos, negocios millonarios y silencios convenientes, donde jueces, intendentes y funcionarios de alto rango orbitaban alrededor de una empresa con conexiones tan aceitados como inquietantes.

Según se informó, lo que empezó como una investigación judicial por la adulteración de un opioide que debía usarse bajo estricta vigilancia médica, se convirtió en una radiografía del modo en que ciertos sectores del poder se relacionan con empresarios capaces de ofrecer favores, contratos, cenas privadas y hasta vuelos privados. La cara más visible de HLB Pharma es Ariel García Furfaro. El ex socio del sindicalista Víctor Santa María en el canal de noticias IP, viajó a Rusia con la delegación del expresidente Alberto Fernández para distribuir la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V. También se lo supo ver en el Instituto Patria posando junto a Cristina Fernández de Kirchner. El último registro es del 11 de abril de 2024.

García supo construir una red que iba mucho más allá del mundo farmacéutico. Desde gobernadores patagónicos hasta funcionarios nacionales, pasando por fiscales federales y operadores judiciales, todos parecían conocerlo, reunirse con él, o al menos recibir alguna que otra propuesta tentadora. En esa red también apareció Gastón Marano, su abogado y operador político, exasesor de la Bicameral de Inteligencia, con acceso a contactos que le daban peso en despachos clave.

Según el Boletín Oficial, el 27 de abril de 2020 renunció a su cargo de director titular de HLB Pharma Group S.A. Hugo Orlando Suárez Borello, y se designó en su lugar a Damián Roberto García (hermano de Ariel García). Como presidente de la sociedad quedó Olga Luisa Arena, abuela de Ariel García y Damián García. Para el puesto de vicepresidente fue nombrada Nilda Furfaro, madre de Ariel y Damián. Como síndico suplente designaron al abogado Ariel Fernando García. Todo queda en familia.

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promesas y negocios

Las agendas políticas de García y Marano incluían almuerzos en Washington con jueces federales, reuniones en Buenos Aires con dirigentes del oficialismo y la oposición, y promesas de inversión en provincias donde las necesidades de infraestructura podían servir como puerta de entrada para sus intereses farmacéuticos.

En Catamarca, por ejemplo, el laboratorio ofreció construir una planta de medicamentos y abastecer al sistema público. En Chubut, plantearon propuestas similares ante el gobernador Ignacio Torres. En Buenos Aires, mantuvieron reuniones con referentes de La Cámpora y hasta con el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, en las que buscaron habilitaciones y contratos estatales.

En paralelo, el nombre de José María Olazagasti, exsecretario de Julio De Vido, también aparece vinculado al entramado. Según fuentes judiciales, habría operado licitaciones públicas en favor de Alfarma, la droguería que también forma parte del holding de García.