Presuntas coimas: peritan celulares de sospechosos

El desplazamiento de Diego Spagnuolo, abogado y amigo del presidente, Javier Milei, de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) fue la primera consecuencia en un escándalo hasta ahora de proporciones desconocidas y cuya trama busca desenredar la Justicia.

Pero, antes de abundar en las medidas judiciales, vale un racconto. Lo que se investiga es el presunto pago de coimas a laboratorios que proveen de medicamentos a esa sensible área del Estado, en un caso que golpea de lleno en el corazón del Gobierno. En unos audios, a esta altura virales, se escucha por boca de quien sería Spagnuolo denunciar supuestos retornos por hasta 800.000 dólares al mes. Lo hace con menciones a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem; además, da a entender que la situación habría llegado a oídos del propio Presidente.

En medio del revuelo, y mientras el Gobierno optó por el silencio, especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que depende de la Procuración General de la Nación, comenzaron a peritar los celulares de los principales involucrados. El objetivo, trascendió, es acceder a mensajes, audios y archivos que puedan aportar pruebas sobre la existencia de sobornos o negociaciones irregulares dentro de la Andis.

Claro que no será fácil: según fuentes del caso, ninguno de los implicados entregó la contraseña de sus teléfonos, lo que obligó a los peritos a recurrir a métodos especiales para intentar desbloquear los dispositivos. Sobre todo los iPhone, que presentan mayores dificultades técnicas para su acceso.

La Justicia avanzará con el análisis de la documentación secuestrada en la semana que comienza, mientras que ya dieron por finalizada la primera etapa de allanamientos. Por caso, en la noche del viernes efectivos del Departamento de Organizaciones Criminales de la Policía porteña allanaron las oficinas de Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud y cercano a Spagnuolo, al que le secuestraron su celular, dispositivos electrónicos y documentos vinculados a contrataciones a distintas droguerías. Lo que se pretende dilucidar es si empresarios del mundo farmacéutico pagaban coimas millonarias para beneficiarse con contratos del Estado nacional.

Además, el juez federal Sebastián Casanello dictó la prohibición la salida del país para Spagnuolo, al que también le secuestraron dos celulares, dinero y una máquina de contar billetes en su vivienda de Pilar.

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La Justicia también tiene en su poder el celular de Emmanuel Kovalivker, uno de los propietarios de la Droguería Suizo Argentina, que estaría relacionada con Martín Menem y hoy está en la mira del fiscal federal Franco Piccardi -que estuvo en Justicia Legítima- por sus vínculos con el Estado.

Un seguridad de Nordelta

Anoche trascendió que el juez de la causa, Sebastián Casanello, convocó a indagatoria por el presunto delito de encubrimiento a Ariel De Vincentis, el jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta. Sospecha que el empleado ayudó a escapar de la Policía a Jonathan Kovalivker, otro de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, quien todavía no fue hallado por la Justicia

En menos de un año, ese laboratorio con vínculos familiares en nuestra ciudad se habría beneficiado con licitaciones cercanas a los $55.000 millones. Posibles sobreprecios, contratos amañados, direccionamiento y otras irregularidades es lo que busca esclarecer la Fiscalía. Para eso es que se secuestraron de las oficinas de la droguería y principal proveedora de la Andis quinces cajas con documentación: había allí libros contables, celulares, agendas y otros elementos que se sumarán a la pesquisa.

Con todo, la sospecha de que la cúpula del Gobierno recibiría sobornos supone un golpe para el relato presidencial en un área como la de Discapacidad a la que se niega a destinarle más fondos con el argumento de que “no hay plata”.

A ese discurso adhería el propio Spagnuolo, según reveló la mamá de Ian Moche, el pequeño platense con autismo al que el exfuncionario le habría cuestionado derechos adquiridos por su condición como el modesto beneficio del transporte gratuito.