La Andis desde adentro: “motosierra”, desfinanciamiento y “exceso” de tareas

En la actualidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sufre fuertes recortes presupuestarios desde diciembre de 2023 cuando asumió el presidente Javier Milei, y desde entonces distintas agrupaciones que defienden al colectivo se movilizaron para reclamar el pago de asignaciones, aumento de prestaciones e, incluso, mejorar el salario de los profesionales que trabajan en el área.

“La reducción de personal dio como resultado una mala división de tareas porque cada uno de los empleados que quedamos tenemos mucha más carga laboral. Si aún con la planta de trabajadores que había antes éramos superados por las demandas, imaginate ahora que, por lo menos, somos 500 trabajadores menos en distintas áreas”, manifestaron los trabajadores de Andis en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Desde el comienzo de esta gestión, los sectores del organismo se unificaron de manera informal e improvisada debido a que el trabajo más relevante está vinculado directamente con la atención al ciudadano, a responder consultas o reclamos de servicios como la iniciación de trámites del Certificado Único de Discapacidad (CUD), las pensiones contributivas por invalidez laboral o las afiliaciones al programa federal Incluir Salud, que proporciona cobertura a aquellas personas que son beneficiarias de una pensión no contributiva y que no tienen acceso a una obra social o a ningún sistema de salud prepago.

Los sectores de Comunicación, Call Center y Atención Ciudadana trabajan en conjunto para responder reclamos, al advertir que “es casi la única tarea que les permiten hacer”.

Esta situación se agravó cuando, en el interior del país, en pueblos o zonas rurales, la gestión que estaba a cargo de Diego Spagnuolo “decidió cerrar todos los centros de referencia” donde se atendían consultar por trámites relacionados a discapacidad.

“Hay que pensar los contextos: no todos en el interior tienen acceso a Internet… los centros estaban buenos porque la gente tenía la orientación más personalizada y cercana a su lugar de residencia. Todo se cerró, como también cerraron los operativos territoriales y eso repercute en nosotros que estamos en la central de ANDIS, tanto en la sede de Núñez, como en la de Hipólito Yrigoyen, que es la de pensiones”, indicaron los trabajadores.

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Y añadieron que “la gente del interior nos tiene a nosotros como las únicas vías de contacto porque todo lo que estaba cerca de su casa, se eliminó”.

Por otra parte, sostuvieron que, al ser empleados con discapacidad, están “absolutamente invisibilizados” e, incluso, en algunos casos “les quitaron los medios de transporte para desplazarse a trabajar” y con el objetivo de mantenerles el puesto les ofrecieron hacer tareas únicamente desde su casa, con las “consecuencias negativas” que impacta en la sociabilización de la persona porque “pierde el espacio compartido” con sus compañeros y colegas.

Paralelamente, señalaron que lo que esta gestión busca es que las personas con discapacidad motriz, que necesitan asistencia para realizar actividades de la vida personal (como acompañamiento para ir al baño o servirse el almuerzo), “vayan con asistencia personal” costeada por el propio empleado, sumado a la falta de traslado que el organismo también eliminó.“Siempre fue así porque la demanda del colectivo es histórica, pero ahora es peor. Para el Estado, las personas con discapacidad, al igual que los jubilados, los oncológicos, los niños y la gente con problemas de consumo, somos un gasto. Para ser buenas políticas públicas hay que invertir plata y los políticos deciden robarla”, concluyeron.