Malversación de fondos en el Vaticano: otro capítulo judicial

AP

El “juicio del siglo” del Vaticano tuvo de todo: parte thriller de Dan Brown, parte drama judicial de John Grisham y parte tragicomedia shakesperiana de bajo nivel.

El misterio financiero sobre la fallida inversión de 350 millones de euros de la Santa Sede en una propiedad en Londres destacó por su surrealista elenco de personajes y por revelar venganzas vaticanas, espionaje e incluso pagos de rescates papales a insurgentes islámicos.

El juicio de apelación que comienza hoy podría ser igual de explosivo.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

Las audiencias podrían revelar aún más información no deseada sobre el funcionamiento interno del Vaticano, incluyendo detalles sobre el papel activo del papa Francisco en todo este sórdido asunto. Esto se debe a que recientemente se hicieron públicas millas de páginas de mensajes de texto privados entre los implicados.

El juicio original comenzó en 2021 y se centró principalmente en la propiedad de lujo en Londres. La fiscalía alegó que los intermediarios y monseñores del Vaticano estafaron a la Santa Sede decenas de millones de euros en honorarios y comisiones para adquirir el inmueble, y luego extorsionaron a la institución por 15 millones de euros (16,5 millones de dólares) para que cediese el control de la misma.

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La investigación dio lugar a dos vertientes principales que involucraban al cardenal Angelo Becciu, quien tuvo mucho poder.

Revelarían aún más información no deseada sobre el funcionamiento interno del Vaticano

Una de esas vías condujo a la extraordinaria revelación de que Francisco había aprobado el pago de un rescate de hasta un millón de euros para liberar a una monja secuestrada por insurgentes islamistas vinculados a Al Qaeda en Mali.

Becciu fue condenado por malversación por enviar 100.000 euros del Vaticano a una organización benéfica controlada por su hermano, y por pagar cientos de millas de euros de la Santa Sede a un autodenominado analista de seguridad. La sentencia fue de cinco años y medio de prisión.

El tribunal condenó a otros ocho acusados por malversación, abuso de poder, fraude y otros cargos, pero los absolvió de muchos otros. Todos los acusados mantuvieron su inocencia y recurrieron el fallo.

MENSAJES DE TEXTOS Y AUDIOS

En los dos años transcurridos desde que se dictaron las sentencias, se han hecho públicas millas de páginas con mensajes de texto y audio de WhatsApp entre algunos de los implicados, arrojando nuevas dudas sobre la credibilidad del juicio y el sistema legal vaticano. Estas comunicaciones privadas, publicadas por el periódico Domani, sugieren una conducta cuestionable por parte de la policía de la Santa Sede, la fiscalía y el difunto papa Francisco, y una campaña entre bambalinas para perseguir a Becciu.

“Si se descubre que todos estuvimos de acuerdo, es el fin”, advertía un mensaje. “Porque si todos lo sabíamos, el juicio es nulo y es una conspiración”.

Los abogados de Becciu y otros acusados quieren incluir las conversaciones como evidencia: al menos uno de ellos les dedicó 80 páginas de su escrito de apelación. Los letrados sostienen que los chats refuerzan su reclamo de que sus clientes no tuvieron un juicio justo en una monarquía absoluta donde Francisco intervino repetidamente en la investigación. Afirman que los mensajes prueban que la pesquisa que condujo al juicio, impulsada por el pontífice argentino como señal de su compromiso con la reforma financiera, estuvo contaminada desde el inicio.

EL ROL DE FRANCISCO

El juicio reveló que el papa argentino había intervenido en la pesquisa al redactar cuatro decretos secretos que beneficiaron excesivamente a los fiscales. Los decretos, firmados en 2019 y 2020, les otorgaron amplios poderes para investigar, incluyendo escuchas telefónicas sin control y la posibilidad de desviarse de la legislación existente.

Afirman que la pesquisa que condujo al juicio fue impulsada por el pontífice argentino

Los abogados defensores alegaron que esa intervención secreta en una investigación criminal por parte “de un monarca absoluto con poder legislativo, ejecutivo y judicial supremo” confirmaba que en el Vaticano no había separación de poderes y que los acusados ​no podían tener un juicio justo. El tribunal restó importancia a los decretos. El fiscal los defendió por proporcionar garantías no especificadas.

Pero luego llegaron los mensajes de WhatsApp, que mostraron que el Papa tenía un papel aún mayor. Hay referencias a fiscales hablando con Francisco acerca de la pesquisa, afirmaciones de Francisca Chaouqui de que ella trabajaba para él y descripciones detalladas de interacciones entre el argentino y monseñor Alberto Perlasca, que vivía en la misma residencia.

Francisco llegó a prestarle incluso dinero a Perlasca después de que sus cuentas bancarias del Vaticano quedaran congeladas, según la correspondencia.