Periodistas en riesgo a la hora de investigar

Si la redada del miércoles en la casa de una periodista del Washington Post logra desalentar la investigación sobre las acciones del gobierno, la administración del presidente Donald Trump difícilmente podría haber elegido un objetivo más atractivo.

Según el diario, en el registro efectuado en la casa en Virginia de Hannah Natanson, apodada la “susurradora del gobierno federal” en el Post por sus reportajes sobre los cambios del gobierno de Trump en la fuerza laboral, se incautó un teléfono, dos laptops y un reloj Garmin.

En una orden para el registro se indica que éste se relaciona con una investigación sobre un contratista del gobierno acusado de retener ilegalmente materiales clasificados del gobierno, señaló Matt Murray, editor ejecutivo del Post, en un correo electrónico enviado a su personal. Se le informó al Post que ni Natanson ni el periódico son un objetivo de la investigación, dijo.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo que el registro se realizó a petición del Departamento de Defensa y que la periodista “obtenía y reportaba información clasificada y filtrada ilegalmente de un contratista del Pentágono”.

Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, ha trabajado en temas de libertad de prensa durante una década y dijo que un registro gubernamental en la casa de un periodista es tan inusual que no podía recordar la última vez que sucedió. Señaló que es inevitable que el hecho tenga un efecto de autocensura en el periodismo.

“Sospecho fuertemente que el registro está destinado a disuadir no solo a esa reportera, sino a otros, de perseguir historias que dependen de denunciantes del gobierno”, dijo Jaffer. “Y también está destinado a disuadir a los denunciantes”.

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En un artículo publicado por el Post en Nochebuena, Natanson escribió sobre cómo recibió un enorme número de pistas cuando publicó su información de contacto en febrero pasado, en un foro donde empleados del gobierno hablaban del impacto de los cambios del gobierno de Trump en la fuerza laboral federal.