El plan de Trump, con obstáculos para tomar el control del petróleo

El plan del presidente Donald Trump para asumir el control de la industria petrolera de Venezuela y promover la entrada de empresas estadounidenses configura un escenario de fuerte impacto geopolítico, aunque con efectos limitados en el corto plazo sobre los precios internacionales del petróleo.

Especialistas coinciden en que, pese a la magnitud de las reservas venezolanas, la profunda crisis estructural del sector y la inestabilidad política hacen poco probable una rápida recuperación de la producción.

GRAN DETERIORO ACUMULADO

La industria petrolera venezolana llega a este punto tras años de abandono, corrupción, mala gestión y sanciones internacionales. Si bien algunos informes indican que las instalaciones no sufrieron daños significativos durante las acciones militares estadounidenses, el deterioro acumulado es severo. Analistas advierten que reconstruir la infraestructura demandará tiempo y enormes inversiones, por lo que cualquier aumento relevante de la producción llevará varios años.

En la actualidad, Venezuela produce alrededor de 1,1 millones de barriles diarios, muy lejos de los 3,5 millones que alcanzaba a fines de los años noventa. Algunos expertos consideran posible duplicar o incluso triplicar esa cifra si se logran condiciones políticas estables y se atrae capital extranjero. Otros, en cambio, estiman que volver a niveles históricos podría requerir cerca de una década y unos 100.000 millones de dólares en inversiones, según cálculos del economista Francisco Monaldi, de la Universidad de Rice.

El factor político resulta determinante. Las grandes petroleras estadounidenses difícilmente comprometan recursos sin garantías de estabilidad institucional y respeto a los contratos. La incertidumbre persiste mientras Trump afirma que Estados Unidos está a cargo del país, al tiempo que la Corte Suprema venezolana impulsa un gobierno interino y sectores reclaman la restitución de Nicolás Maduro. Para algunos analistas, un control efectivo y sostenido por parte de Washington podría generar rápidamente expectativas positivas en el sector empresarial, aunque el impacto real sería de largo plazo.

PRECIOS SIN SOBRESALTOS

Desde la perspectiva del mercado, no se esperan sobresaltos inmediatos en los precios. Venezuela es miembro de la OPEP y su producción ya está incorporada en las cuotas del cartel, además de que el mercado global atraviesa un contexto de excedente de oferta.

No obstante, una recuperación sostenida del sector venezolano podría presionar los precios a la baja en el largo plazo y reducir la influencia energética de Rusia, en particular en el mercado del diésel y del crudo pesado.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17% del total global. Ese enorme potencial explica el interés de las compañías internacionales. Chevron es actualmente la única empresa estadounidense con operaciones significativas en el país, con una producción cercana a los 250.000 barriles diarios en asociación con PDVSA.

Otras firmas, como ExxonMobil y ConocoPhillips, se mantienen cautas tras haber sido forzadas a abandonar el país luego de la nacionalización impulsada por Hugo Chávez en 2007.

El atractivo del crudo venezolano también reside en su calidad. Se trata de un petróleo pesado, clave para la producción de diésel, asfalto y combustibles industriales, un tipo de crudo que escasea a nivel global debido a las sanciones sobre Venezuela y Rusia.

Las refinerías de la Costa del Golfo de Estados Unidos, diseñadas históricamente para procesar ese crudo, se beneficiarían de un mayor acceso al petróleo venezolano, más barato y adecuado para sus instalaciones. Sin embargo, el plan de Trump abre serios interrogantes legales. Expertos en derecho internacional advierten que una potencia ocupante no puede apropiarse de los recursos naturales de otro Estado. Aunque la administración estadounidense podría cuestionar la legitimidad del gobierno venezolano sobre esos recursos, el debate jurídico promete ser intenso y refleja, según analistas, una tendencia de la Casa Blanca a minimizar el peso del derecho internacional en su política hacia Venezuela.

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