Piden volver a indagar al ex titular de la ANDIS

El fiscal federal Franco Picardi pidió que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, vuelva a ser citado a indagatoria en el marco de la investigación por presuntas maniobras de corrupción en contrataciones públicas. Según la fiscalía, las irregularidades detectadas involucrarían fondos del Estado por aproximadamente 76 mil millones de pesos.

Spagnuolo, ex funcionario libertario y abogado vinculado al presidente Javier Milei, ya se encuentra procesado en la causa por supuestos desvíos en la compra de medicamentos, cobro de coimas y otras maniobras irregulares dentro del organismo.

De acuerdo con la investigación, los presuntos hechos se habrían producido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Durante ese período, funcionarios de la ANDIS habrían direccionado de manera intencional la compra de insumos médicos de alto costo —conocidos como PACBI— para favorecer a empresas vinculadas o cercanas al grupo investigado.

RETORNOS Y DÁDIVAS

La fiscalía sostiene que estas adjudicaciones millonarias se habrían realizado a cambio de retornos y dádivas, mediante un sistema que excluía deliberadamente a competidores y permitía aplicar sobreprecios en las contrataciones.

El expediente señala que más de veinte empresarios y alrededor de treinta firmas habrían formado parte de la estructura investigada. Según el dictamen fiscal, el entramado habría sido conducido desde el sector público por Spagnuolo y Daniel María Garbellini, mientras que desde el sector privado participarían empresarios como Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.

La causa analiza múltiples compulsas de precios utilizadas para adquirir medicamentos e insumos médicos de alto valor. Entre los productos investigados aparecen prótesis para amputaciones, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas.

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Estos dispositivos son gestionados por el Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades graves que se encuentran en situación de vulnerabilidad y carecen de cobertura médica específica.

Para el fiscal Picardi, el esquema investigado habría desvirtuado el objetivo del programa: en lugar de garantizar asistencia sanitaria, el organismo habría sido utilizado para beneficiar a un grupo reducido de empresas mediante contrataciones direccionadas.

MÁS IMPLICADOS Y NUEVAS PRUEBAS

El análisis de sistemas informáticos y otras evidencias permitió detectar nuevas maniobras similares a las ya investigadas en el expediente. Según la fiscalía, los datos muestran que participaron tanto personas que ya estaban procesadas como otras que aún no habían sido identificadas.

En total, la causa cuenta actualmente con 19 personas procesadas y más de 20 adicionales para quienes la fiscalía solicitó nuevas indagatorias.

Entre las pruebas analizadas figura el contenido de un teléfono celular peritado perteneciente a Daniel Garbellini, quien era el segundo de Spagnuolo en la agencia. Allí se encontró una imagen con un listado de empresas vinculadas a determinadas compras públicas y montos señalados como “a cobrar”, denominados en el mensaje como “ofrendas”.

Para la fiscalía, esos registros reflejarían un mecanismo mediante el cual empresas beneficiadas con contratos públicos habrían obtenido ganancias indebidas, parte de las cuales regresarían como retornos a funcionarios.

Según el dictamen, el caso expone una presunta trama de corrupción en la que intereses privados habrían condicionado decisiones del Estado, afectando recursos públicos destinados a políticas para personas con discapacidad.