El funcionario de las propiedades sin declarar en EE UU, afuera

Finalmente, el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, dejó de formar parte del gobierno de Javier Milei. El paso al costado se concretó luego de que investigaciones periodísticas revelaran que tiene al menos cinco propiedades y dos sociedades comerciales en Miami, Estados Unidos, que no declaró ante el fisco argentino.

Hasta anoche no quedaba claro si el ministro, Luis Caputo, del que dependía, lo echó o lo que hizo fue aceptarle la renuncia. “Fue un despido”, precisaron voceros oficiales a la prensa. Otros prefirieron hablar de “renuncia aceptada”.

Su reemplazo será Fernando Herrmann. A su vez, Mariano Plencovich asumirá como secretario de Transporte.

En cualquier caso, la decisión trascendió en medio del impacto político generado, al involucrar a un funcionario de primera línea del área de infraestructura y transporte dentro del equipo económico.

El escenario contrasta además con situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también investigado por presunto enriquecimiento ilícito y bienes sin declarar, pero al que el Gobierno todavía sostiene.

Las propiedades en cuestión

Según la investigación publicada originalmente en el diario La Nación y complementada por el canal de noticias A24, Frugoni figura como titular —de manera directa o a través de sociedades registradas en Estados Unidos— de al menos cinco inmuebles en el estado de Florida, aunque otras fuentes periodísticas ampliaron el número total a hasta ocho.

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Los registros relevados en el condado de Palm Beach indican la existencia de departamentos valuados entre los 140.000 y 310.000 dólares cada uno, algunos adquiridos a través de estructuras societarias constituidas en Delaware.

Una de las propiedades aparece incluso asociada a una dirección en Argentina como domicilio postal, lo que reforzó las sospechas sobre su vinculación directa con el funcionario.

El eje de la controversia es que esas propiedades no habrían sido incluidas en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción ni ante el organismo recaudador.

La ley de Ética Pública obliga a los funcionarios nacionales a declarar todos sus bienes en el país y en el exterior, y su ocultamiento puede configurar delitos como omisión maliciosa de datos patrimoniales.

En el marco de la exposición pública del caso, Frugoni reconoció que existieron omisiones en su declaración patrimonial y que estaba en proceso de rectificación.

Tras conocerse el caso, el Gobierno comenzó a tomar distancia del funcionario y se activaron cuestionamientos internos sobre la situación. Paralelamente, el tema derivó en presentaciones judiciales y pedidos de investigación en el fuero federal.

Máximo responsable de las áreas de Infraestructura y Transporte del gobierno libertario, Frugoni ya estuvo bajo la lupa pública años atrás, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando se desempeñó como presidente de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), empresa a cargo de la obra del Paseo del Bajo en la ciudad de Buenos Aires.

Su salida se suma a un clima político ya tensionado por otras investigaciones patrimoniales dentro del gobierno, como sucede con la causa Adorni, lo que amplifica el impacto institucional del caso.