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El máximo tribunal emplazó a la administración de Javier Milei a contestar la demanda presentada por La Pampa por la retención de recursos del Tesoro Nacional
Los integrantes de la corte, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti / web
La Corte Suprema de Justicia dio un paso clave en la disputa entre las provincias y el Gobierno nacional por el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El máximo tribunal emplazó a la Casa Rosada a responder en un plazo de 60 días hábiles la demanda impulsada por la provincia de La Pampa por la retención de unos $397.000 millones destinados a las jurisdicciones provinciales.
La presentación judicial había sido realizada en mayo de 2024 por el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, quien cuestionó la falta de distribución de esos recursos que integran el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, previsto en la Ley de Coparticipación Federal para atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales.
La resolución de la Corte no implica todavía un fallo sobre el fondo de la cuestión, pero sí marca una señal política y judicial relevante en un contexto de creciente tensión entre la Nación y las provincias por el reparto de fondos. En varias gobernaciones interpretaron la decisión como un avance institucional sobre un tema que históricamente estuvo dominado por negociaciones políticas y discrecionales.
La decisión del máximo tribunal generó expectativa en el resto de las provincias y también en la Ciudad de Buenos Aires, ya que una eventual resolución podría impactar sobre el esquema de distribución de fondos no automáticos en todo el país.
Actualmente, del total de los impuestos coparticipables, el 42,34% queda en manos del Gobierno nacional, mientras que el 56,66% se distribuye automáticamente entre las provincias. El 1% restante integra justamente el fondo ATN, cuya asignación depende de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
En las provincias sostienen que el contexto económico volvió más sensible la discusión por esos recursos debido a la caída de la recaudación y la reducción de transferencias automáticas vinculadas al IVA y Ganancias. Gobernadores de distintos espacios políticos comenzaron a reclamar mayor previsibilidad en el envío de fondos para afrontar gastos corrientes, salarios y compromisos financieros.
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Según un informe de la consultora Politikon Chaco citado en la causa, durante el primer cuatrimestre del año el Gobierno nacional distribuyó $121.000 millones entre 13 provincias, equivalente al 35,5% del fondo ATN recaudado en ese período.
Misiones encabezó la lista de jurisdicciones beneficiadas con $15.000 millones, seguida por Mendoza y Corrientes, ambas con $14.000 millones. También aparecen Neuquén, Salta, Chaco, Entre Ríos y San Juan entre las provincias que recibieron mayores transferencias.
En cambio, Buenos Aires no figura entre las beneficiadas, al igual que otras provincias gobernadas por el peronismo como Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego.
Tras conocerse la resolución de la Corte, el gobernador Sergio Ziliotto sostuvo que la distribución de los ATN “no puede ser discrecional” y afirmó que debe respetar “criterios equitativos, solidarios y automáticos”.
Desde el gobierno pampeano remarcaron además que no existen antecedentes recientes de una retención de fondos de esta magnitud y recordaron que la última distribución masiva de ATN ocurrió en noviembre de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández, cuando se giraron $131.000 millones a las 24 jurisdicciones del país.
El mandatario pampeano también advirtió que continuará impulsando el reclamo judicial y político para defender los recursos provinciales. En ese sentido, insistió en que el esquema actual afecta el federalismo y profundiza las asimetrías entre las distintas jurisdicciones.
La disputa por los ATN también tuvo capítulos legislativos. En agosto del año pasado, el Congreso aprobó una ley para regular el reparto de transferencias no automáticas impulsada por los gobernadores, aunque posteriormente fue vetada por Javier Milei.
Si bien el Senado rechazó ese veto, la oposición no logró reunir los votos necesarios en Diputados para ratificar la norma. Tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza, varios gobernadores moderaron la presión política sobre la Casa Rosada y el reclamo perdió impulso parlamentario.
De todos modos, el expediente abierto en la Corte vuelve a poner el tema en el centro de la discusión federal y amenaza con reactivar un conflicto que involucra tanto recursos millonarios como el delicado equilibrio político entre la Nación y las provincias.
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