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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de denuncia penal contra las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y posible asociación ilícita fiscal.
Según la presentación, el perjuicio fiscal detectado asciende a $289.336.519,66 y habría sido generado mediante el uso de facturas consideradas apócrifas para simular gastos y reducir el pago de impuestos correspondientes a los períodos fiscales 2024 y 2025.
La denuncia alcanza al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia; al tesorero Pablo Toviggino; a los dirigentes Víctor Blanco y Cristian Malaspina; y al director general Gustavo Lorenzo.
La investigación sostiene que la AFA habría utilizado una red de “proveedores apócrifos” para justificar gastos inexistentes. De acuerdo con el escrito judicial, varias de las empresas involucradas no contaban con capacidad económica real, empleados registrados ni infraestructura suficiente para prestar los servicios facturados.
Entre las firmas mencionadas aparecen constructoras, consultoras, hoteles y empresas de logística vinculadas a obras y servicios en el predio de Ezeiza. Los inspectores detectaron domicilios inexistentes o abandonados, inconsistencias bancarias y sociedades que habrían cambiado abruptamente su actividad comercial durante los períodos investigados.
Además, ARCA remarcó que muchas de las operaciones se abonaron mediante cheques endosados sucesivamente, un mecanismo que —según la denuncia— habría dificultado seguir la trazabilidad del dinero y determinar quiénes fueron los destinatarios finales de los fondos.
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En el expediente aparecen empresas ajenas al mundo del fútbol que terminaron recibiendo cheques provenientes de proveedores de la AFA. Algunas compañías vinculadas a operaciones ganaderas y frigoríficos informaron que cobraron esos valores por endosos comerciales, aunque aclararon que nunca mantuvieron relación contractual con la entidad futbolística.
Para ARCA, esto sería parte de un esquema destinado a encubrir el recorrido final del dinero. La denuncia afirma que existió un “ardid” para ocultar a los verdaderos beneficiarios de los fondos y evitar el pago de tributos.
El organismo recaudador pidió además que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita fiscal dentro de la conducción de la AFA. Según la presentación, habría un patrón común entre las empresas observadas: ausencia de actividad económica genuina, estructuras societarias conectadas entre sí y movimientos financieros incompatibles con su capacidad declarada.
También se detectaron firmas que facturaban actividades ajenas a sus objetos societarios, como hoteles emitiendo comprobantes por obras o entidades sociales vinculadas a servicios informáticos.
La ampliación de la denuncia se suma a otra causa iniciada en diciembre pasado, cuando ARCA acusó a la AFA y a sus directivos por la supuesta retención indebida de aportes previsionales e impositivos por unos $7.500 millones.
En ese expediente, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante procesó a Tapia, Toviggino y otros directivos por apropiación indebida de tributos agravada y recursos de la seguridad social, en una causa que involucra montos cercanos a los $19.300 millones.
Mientras tanto, las defensas de los dirigentes continúan apelando distintas resoluciones judiciales y denunciando presuntas irregularidades en el avance de la investigación.
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