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Otra vez se insiste en discriminar a los bonaerenses respecto de los habitantes del resto de los estados provinciales del país. El proyecto de ley de Presupuesto Nacional aprobado durante la semana que concluye en la Cámara de Diputados de la Nación, no contempla la actualización del Fondo del Conurbano que fue creado para paliar la injusta distribución de la coparticipación federal.
Conviene aclarar para los lectores desprevenidos que el Estado nacional distribuye parte de algunos impuestos que cobra en el país entre las provincias y que desde hace años en ese concepto se le adjudica a Buenos Aires un porcentaje mucho menor del que le corresponde por lo que se recauda en esta jurisdicción, por lo que aquí se produce y por la cantidad de habitantes.
A pesar de que convive en esta jurisdicción el mayor número de argentinos bajo la línea de la pobreza se la sigue condenando a la prestación de servicios de salud, educación y seguridad sin financiación suficiente y con la consecuente pérdida de calidad, como se ha sostenido desde estas columnas desde hace muchos años.
En esta oportunidad por cálculo político los representantes de las otras provincias presionaron para que todo siga igual y lograr para sus territorios mayores partidas del Estado nacional.
Lo grave es que sólo un bloque de los legisladores de la provincia criticó esta situación. Graciela Camaño, presidente del bloque de diputados del Frente Renovador lo definió en duros términos: “¿Qué carajo quieren? ¿Que estalle el conurbano?” Pero más allá de los avatares de los debates políticos en el Parlamento, lo cierto es que los bonaerenses vuelven a sufrir una insostenible discriminación que en un pasado reciente impulsó al Poder Ejecutivo bonaerense a iniciar una acción judicial para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidiera sobre la constitucionalidad de la Ley de Coparticipación que condena a la provincia a la falta de recursos.
Aquel recurso judicial sólo fue levantado tras el acuerdo al que se arribara para actualizar los montos del Fondo del Conurbano, aunque también vale recordarlo, tampoco en aquella oportunidad las fuerzas políticas reaccionaron con la energía necesaria para defender los intereses de los habitantes de la provincia.
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Un cálculo actualizado permite inferir que el Estado bonaerense dejará de percibir una suma que ronda los 19.000 millones de pesos por la falta de actualización del tan mentado fondo.
Sería ocioso reiterar que la situación social del Gran Buenos Aires es insostenible y los funcionarios del Estado Nacional y el Congreso de la Nación no toman conciencia de la gravedad de las circunstancias a la que están condenados a vivir los millones de pobladores de esa región.
Por el país todo esta situación no puede continuar ya que tarde o temprano afectará el desenvolvimiento político, económico e institucional de la Argentina.
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