Una carga impositiva que desalienta la inversión en ladrillos

La reciente decisión del Gobierno nacional de que paguen Impuesto a las Ganancias quienes vendan inmuebles o transfieran derechos sobre inmuebles adquiridos desde el 1 de enero -en una medida que también incluye a las indemnizaciones por despido que cobren directivos de empresas públicas y privadas cuyos sueldos superen los 165 mil pesos mensuales- si bien apunta, como se ha dicho por canales oficiales, a lograr el déficit cero el año venidero, podrá significar un inmediato y negativo desaliento a la denominada “inversión en ladrillos”, a la que acude mucha gente y que, en la práctica, se traduce en un impulso a la industria de la construcción.

En lo que respecta al gravamen sobre conceptos indemnizatorios, vale la pena aclarar que si el salario no debe ser considerado como ganancia, tampoco podría incluirse en ese rubro una indemnización que, por otra parte, se percibe por un despido laboral.

De hecho, la historia de la economía nacional en las últimas décadas es rica en antecedentes demostrativos de que, cada vez que se imponen nuevas y onerosas cargas tributarias a la compraventa de inmuebles, el resultado inmediato se traduce en retracciones severas para la actividad de la construcción.

En torno a este tema es necesario advertir que el Gobierno ha caído, una vez más, en llamativas posturas contradictorias que resultan, cuanto menos, injustificables.

El miércoles pasado el presidente Mauricio Macri formuló declaraciones en una radio de Trenque Lauquen, durante una gira que realizó por esa ciudad. Allí dijo que en la Argentina rigen los impuestos más altos del mundo y que “hay que ir a la baja”.

Pocas horas después, cuando se encontraba en Río Cuarto, cambió sustancialmente de opinión al sostener para lograr el déficit cero el año que viene hay que subir los impuestos.

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Dijo concretamente: “Entre todos tenemos que lograr el déficit cero. Lamentablemente, una parte de lograr el déficit cero el año que viene tiene que ver con aumento de los impuestos y una parte con reducción del gasto”.

En cuanto al fondo de la cuestión, si se quiere, mucho más paradójico y potencialmente lesivo que la contradicción presidencial, es que economistas de relieve, como Adam Smith, por ejemplo, han advertido que las cargas tributarias que promueven los gobiernos -que pueden llegar a ser abusivas por su monto o significar una imposición impropia o desacertada- actúan negativamente pues crean costos adicionales que desvirtúan el sentido de la imposición y desalientan la actividad económica.

No sólo pueden verse desvirtuados principios de legalidad e igualdad, señalan, sino que es común que tales gravámenes, en definitiva, terminen restándole al Erario una mayor cantidad de ingresos.

De sobra se conoce que, en nuestro país, una de las formas más tradicionales de atesoramiento es la compra de propiedades.

“Ahorrar en ladrillos resulta ser una de las costumbres de los argentinos para capitalizarse”

Ahorrar en ladrillos resulta ser una de las costumbres y prácticas que encuentran los argentinos en procura de invertir y capitalizarse.

La consideran una de las formas más tradicionales y seguras para colocar el dinero ahorrado durante años. En ese contexto cultural, el impuesto ahora promovido impactará negativamente, justamente, sobre esa instalada modalidad de inversión.

No debiera ser preciso aludir al efecto multiplicador que ejerce la construcción sobre la actividad económica general. La venta de materiales de distinta naturaleza, la captación de mano de obra y otros beneficios que, según se estimó, alcanzan a 39 rubros productivos, más lo que significa fomentar la construcción de viviendas en una provincia como la de Buenos Aires, necesitada de construir millones de unidades habitacionales, advierten sobre la conveniencia de revisar la promoción de este impuesto que, como se ha dicho, podrá generar más perjuicios que ventajas y que terminará desalentando a miles de potenciales inversores.

Si hubiera que aludir a una última contradicción, debe decirse que el Estado en su afan recaudatorio, con este tipo de medidas, no hace más que penalizar con nuevos gravámenes a la sociedad en su conjunto por la inflación que generan los propios responsables de la administración del Gobierno, incapaces de frenar y reducir -hasta el momento- los enormes costos fiscales que su funcionamiento genera.