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Para combatir los hechos delictivos en los colectivos también se promulgó la ley que reglamenta la instalación de cámaras
En 31 y 60, anoche, la policía controlaba vehículos particulares y del transporte público / Dolores Ripoll
A mediados del año pasado desembarcaron en la Región y desataron una fuerte controversia. Y ahora, sin llamar tanto la atención pero con una modalidad similar, regresaron los controles policiales a los pasajeros del transporte público. En rigor, en los retenes, que se pueden ver en distintos accesos a la Ciudad, controlan también a los conductores particulares y a sus respectivos vehículos.
Planteada -entonces y ahora- como “una medida preventiva”, la implementación de las pesquisas va en sintonía con la ley que promulgó ayer la gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, que obliga a instalar cámaras en cada uno de los 9.000 colectivos que trabajan en el territorio bonaerense y que prevé sanciones para quienes no cumplan con la disposición, según se publicó en el Boletín Oficial.
Como se recordará, en las últimas semanas se registraron distintos hechos de inseguridad que afectaron a choferes del Conurbano, por lo que se comunicó que los procedimientos se instrumentan como una manera de prevenir el delito.
Los operativos se despliegan desde las 18 y hasta alrededor de la una de la madrugada. Hacen bajar a los pasajeros de un vehículo -por lo general del transporte público-, les piden identificaciones y, en la mayoría de los casos se los cachea. Luego, los permiten seguir con su recorrido.
Algunos de los puntos donde se vieron estos controles en las últimas horas son los cruces de 31 y 60, 31 y 66, bajada de la Autopista y 5 y 72. También se los ha visto en Ensenada (Camino Vergara y 139) y Villa Elvira -72 entre 7 y 8 y 72 y 13-. Concentrados en esos barrios, afectarán sobre todo a líneas como la 275, 273 y algunos internos del 202 y Este.
Ahora, al igual que el año pasado, voceros policiales descartaron que se trate de “razzias” y reforzaron la idea de que se actúa por pedido de los sindicatos del transporte para prevenir cualquier hecho delictivo en los micros.
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Precisamente, desde la UTA platense deslizaron ayer que, pese a que la medida puede generar algunas demoras e incomodidades, “es necesaria” por los reiterados hechos de inseguridad que se viven en los colectivos.
Por otro lado, como se dijo, se promulgó ayer el decreto que reglamenta el “establecimiento y regulación de las Cámaras de Seguridad en las unidades de transporte colectivo de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal que presten servicios dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires”.
A su vez, designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y al Ministerio de Seguridad, que entre varias funciones deberán “supervisar y controlar el correcto funcionamiento del equipamiento a bordo de las unidades de transporte público y graduar la aplicación de sanciones”.
La ley 14.897 había sido sancionada a principios de 2017 en la Legislatura bonaerense y obligaba a las empresas de colectivos que circulaban por el territorio a instalar cámaras de seguridad. También preveía inhabilitaciones para aquellas que no cumplieran con la medida, pero ese artículo de la normativa no había sido reglamentado por lo que las empresas no cumplían con la disposición (apenas el 20% de los micros provinciales platenses tiene cámaras).
El decreto publicado contempla “modificar los plazos fijados para la conservación de las grabaciones” en caso de que sea necesario.
El texto rubrica el anuncio del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, del 16 de abril acerca de otorgar 180 días contados desde la entrada en vigencia de la ley para que las empresas culminen el proceso de readaptación de las unidades de transporte.
La norma plantea dos etapas para llevar a cabo las modificaciones: una de 90 días para que las empresas completen la readaptación de las unidades de transporte afectadas al servicio nocturno, y otra también de tres meses para que lo extiendan a todas los colectivos de la provincia.
Al anunciar estas medidas, Ritondo informó sobre el otorgamiento de créditos a los empresarios para la adaptación de los micros en los plazos estipulados y adelantó que una vez que los micros cuenten con las cámaras, el ministerio les colocará “botones antipánico sin costo alguno”.
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