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Tras el intervalo que supuso el mes de enero, en cuyo transcurso la mayoría había desaparecido, los “trapitos” vuelven en estos días a invadir las calles del centro de La Plata, según lo determinó un informe publicado en la edición de ayer. El retorno se produce, también, después de que los operativos de fin de año hubieran cedido en intensidad ante el comienzo de las vacaciones veraniegas, cuando miles de automóviles migraron hacia distintos lugares turísticos.
Tal como se señaló, el renovado desembarco –que coincide con el masivo retorno de miles de vehículos- amenaza con frustrar los resultados que habían tenido los operativos municipales de erradicación, efectuados a fines de 2018. La vuelta de los cuidacoches y limpiavidrios ya se siente en los principales ejes comerciales y sus inmediaciones y es menos evidente, por ahora, en las zonas administrativas, universitarias, judiciales y de boliches en horas nocturnas.
La posición expresada por la Comuna enfatiza en que los operativos continuarán y en que las movidas de fiscalización en la vía pública seguirán a cargo de los inspectores de las áreas de Control Ciudadano y Seguridad y Justicia, con el apoyo del Juzgado de Faltas pertinente y agentes de la DDI -Policía de Investigaciones-. El municipio sostuvo que los trapitos “lucran amenazando y amedrentando a los vecinos”, interpretación que se tradujo hace un año en una denuncia formal por conducta extorsiva, radicada ante la Justicia por el subsecretario de Seguridad platense, que dio pie a detenciones de algunos infractores.
La postura comunal aludió explícitamente a la comisión del delito de acción pública de extorsión, tipificado en el Código Penal, “por cuanto en distintos puntos de la ciudad actuarían, de manera individual u organizada, personas comúnmente denominadas ‘cuidacoches’, quienes mediante intimidación obligan a los automovilistas a entregar dinero con la finalidad de cuidar de sus vehículos, amenazándolos con un mal futuro en perjuicio del bien que, producto de su estacionamiento en la vía pública, queda fuera de su custodia durante un lapso de tiempo prolongado”.
A grandes rasgos debe decirse que - al margen de que no pocas personas acuden a estas tareas informales por no contar con un trabajo fijo, como una manera de obtener ingresos y superar así sus penurias económicas- no existe justificación alguna para que algunos limpiavidrios o trapitos apelen a comportamientos violentos y extorsivos. Inexplicablemente, esto también sucede en zonas céntricas alcanzadas por el régimen de estacionamiento pago.
Tampoco debiera dejar de sopesarse que existen verdaderas organizaciones mafiosas -como ocurre con las que actúan en torno a algunos estadios, en donde los barrabravas “administran” los espacios de estacionamiento- ocupadas de ejercer en forma sistemática este tipo de presiones para así aumentar sus ganancias
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El problema, que es complejo, se nutre de la angustiante situación socio-económica en la que se encuentran muchas personas, pero eso merece otras respuestas por parte del Estado. Las autoridades no pueden dejar hacer y permitir la consolidación de actitudes intimidatorias, claramente delictivas en algunos casos, que degradan la calidad de vida de todos los ciudadanos.
En nuestra ciudad, esta cuestión, con todas sus complejidades, debe ser abordada con decisión y voluntad firme. Pero, además, con urgencia. Porque se trata de un fenómeno que crece en forma alarmante y cada vez se tornará más difícil de erradicar. No existe excusa alguna que justifique dejar a la vía pública en manos de la anarquía o la prepotencia y, en ese sentido, existen normas legales para impedir que eso llegue a ocurrir.
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