Vidal y el PJ, en una pelea por cargos claves en la Justicia

Se libra por estos días un tironeo entre Cambiemos y el peronismo por la designación de 42 funcionarios judiciales bonaerenses que ocuparán lugares vacantes en lo que, si se confirma el resultado de agosto, sería la gestión de gobierno de Axel Kicillof.

El nombramiento de jueces, fiscales y defensores oficiales antes de dejar el poder se encuadraría en esa lógica. El peronismo ha denunciado que la gobernadora María Eugenia Vidal intenta armar una suerte de esquema de protección judicial por si le toca estar en el llano pero, en verdad, los candidatos a funcionarios judiciales pasaron antes por el Consejo de la Magistratura, donde la oposición peronista tiene representantes. Ese organismo eleva ternas y la gobernadora elige qué pliego envía al Senado.

Eso fue lo que pasó en julio pasado, cuando ingresaron a la Cámara alta los pliegos de los 42 candidatos: 16 jueces de diferentes fueros, 7 defensores oficiales, 17 fiscales y, acaso lo más jugoso, 2 jueces del Tribunal de Casación Penal, el organismo judicial más alto de ese fuero. El paso previo a que cualquier expediente llegue a la Suprema Corte Provincial.

La semana pasada, el bloque de Cambiemos en el Senado logró darle ingreso parlamentario a los pliegos, que ya habían sido aprobados en la Comisión de Asuntos Constitucionales sólo con el acompañamiento oficialista. La oposición, integrada por Unidad Ciudadana, el Frente Renovador y el PJ Unidad y Renovación (que ahora pertenecen al mismo espacio electoral) denunció que Vidal aceleró esas designaciones luego del resultado adverso de las PASO y que eso no era pertinente porque la contundencia del resultado presagia un gobierno en salida.

En Cambiemos rebaten el dato diciendo que se gobierna hasta el último día y que proponer jueces al Senado es parte de la tarea del gobernador mientras esté en funciones. El PJ recordó que Daniel Scioli intentó lo mismo antes de irse (fueron 126 candidatos judiciales) y que el macrismo se opuso. Contratiempos, aquella vez, de no contar con la aritmética legislativa a favor.

En rigor, ahora pareció existir cierta celeridad oficialista: fuentes de primer nivel de Cambiemos admiten por lo bajo que es una decisión política tomada que este lote de candidatos al Poder Judicial sea consagrado antes de las elecciones de octubre, haciendo valer el número de bancas a favor en el Senado. Y que, para futuros nombramientos, y si a la actual oposición le toca gobernar, dialogarán y negociarán todo lo que haga falta. En cierta forma se busca una derrota legislativa del PJ en medio de la ola triunfalista que vive ese partido luego de las Primarias.

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Más allá del número de funcionarios a votar, la pelea política real parece estar por los cargos de Casación, que vendrían a cubrir las vacantes que dejaron allí los ex jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, quienes renunciaron hace cuatro años luego de un polémico fallo que benefició a un condenado por delitos sexuales. Cambiemos y el peronismo parecen querer lo mismo: la potestad en las designaciones en esos sillones.

Vidal propuso allí a una de las actuales defensoras adjuntas del Tribunal de Casación, Ana Julia Biasotti, y al secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de la Corte, Francisco Pont Vergés.

El PJ buscó instalar la idea de que ambos nombres son bendecidos por el Procurador Julio Conte Grand. En el mundillo judicial se resalta que Biasotti ya ha concursado por otros cargos y se relativiza bastante ese supuesto padrinazgo. Sin embargo, indefectiblemente se señala a Pont Vergés como un hombre del jefe de los fiscales. Ese sería, pues, el nombre verdaderamente resistido por toda la oposición.

Es que, acaso anticipadamente, el justicialismo parece haber encarado una cruzada para desplazar a Conte Grand de la Procuración si le toca gobernar desde el 10 de diciembre. Es, en cierto modo, lo mismo que hizo Cambiemos cuando la Procuradora era la justicialista María del Carmen Falbo.

El tema es que Conte Grand ya avisó que no piensa renunciar, como sí hizo Falbo en su momento. El cargo suele ser vitalicio, salvo que el funcionario renuncie o se le realice un juicio político para sacarlo (conservará su empleo “mientras dure su buena conducta”, dice la Constitución bonaerense). Algo que sería improbable en el futuro inmediato, dado que Cambiemos tendrá número suficiente en el Senado para bloquear alguna iniciativa de ese tipo.

En el PJ -que ahora es el peronismo tradicional, más kirchnerismo puro, más el Frente Renovador massista- se comenta que la Procuración General de la Suprema Corte es uno de los sitios apetecidos por Sergio Massa, en el caso de que Kicillof sea elegido gobernador. Hasta se menciona el nombre de un diputado muy cercano a él como candidato. Sin embargo, como viene haciendo con la conformación de su eventual gabinete, el candidato a suceder a Vidal no dijo ni una palabra sobre los planes que tiene para tan estratégico puesto.