Ilegalidades en la vía pública de la Ciudad que necesitan freno

Desde hace mucho tiempo -décadas en algunos casos- se ha venido permitiendo en la vía pública de la Ciudad el ejercicio irregular de diversas actividades, persiguiéndolas en ocasiones, pero siempre con intermitencias, o tolerándolas desde los organismos estatales en base a diversos tipos de argumentaciones, en situaciones que, fueron dejando a la vista cada vez con mayor claridad los graves problemas sociales que originan tantas ilegalidades, admitidas de una u otra manera.

Así, se puede hablar de la venta ambulante que se ha expandido como un fenómeno imparable, frente al cual las autoridades no atinan a encontrar solución, de modo que los organismos municipales, provinciales y nacionales resultan ser burlados conjuntamente por esta verdadera eclosión de falsificaciones de marcas, evasiones tributarias a las arcas estatales, presencia de mafias organizadoras, explotación de personas y competencia desleal del comercio instalado, entre otras anomalías.

Las protestas vecinales frente a estas irregularidades también apuntaron, tal como lo vino reflejando la crónica cotidiana, a la presencia de los “cuidacoches”, enseñoreados cada vez más en las calles, expertos a la hora de “reservar” espacios para sus clientes habituales y, en algunos casos, para amenazar a los automovilistas que no accedan a ofrecerles dinero.

A su vez, en las últimas horas los taxistas nucleados en el Sindicato de Choferes de Taxis de La Plata aseguraron que el transporte ilegal de pasajeros en La Plata ha crecido en la Ciudad. Así, sostuvieron que por cada taxi habilitado circulan tres autos ilegales que ofrecen el mismo servicio bajo la modalidad de remises clandestinos. Estimaron que hay 1.600 remises legales en La Plata (aunque aludieron a la supuesta existencia de 300 agencias truchas de remises), mientras que sumarían 6.000 los ilegales. En estos casos se refirieron a la supuesta incidencia de las aplicaciones de transporte Uber y Cabify.

Cabría recordar aquí que también existen habituales reclamos sobre la presunta presencia de transportes escolares truchos, carentes de habilitación pertinente, entre otras modalidades del transporte de pasajeros en las que también se registrarían irregularidades similares.

Está claro que el poder público -en especial, el correspondiente a la Municipalidad- debiera analizar a fondo este muestrario de ilegalidades. Lo cierto es que sólo un alto grado de permisividad o de indiferencia por parte de las autoridades puede explicar la magnitud de este fenómeno, que debe ser revertido en el menor tiempo posible y en todos los frentes en los que se está expresando.

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En el caso de los remises y taxis, frente a los riesgos concretos que corren miles de personas, en forma cotidiana y muchas de ellas sin advertirlo, ya que al pasajero le resulta virtualmente imposible determinar si el vehículo que lo traslada está o no legalmente autorizado para ejercer la actividad, las autoridades deben extremar los controles que se realizan. No sólo para proteger los derechos de los eventuales pasajeros, sino para impedir que se vean desnaturalizadas las leyes y el propio valor de la autoridad comunal.

En los distintos estamentos en los que el Estado tenga competencia, es fundamental que los funcionarios ajusten y vuelvan eficaces a los organismos de contralor, que deben actuar en forma sostenida. La vigencia efectiva de los requisitos que la ley impone para ejercer distintas actividades en la vía pública –o, en caso contrario, para prohibirla por completo como ocurre en algunos casos- debe quedar garantizada, muy especialmente cuando se habla de servicios que son de naturaleza pública.

En este sentido, también, es fundamental que el Estado ajuste los mecanismos de contralor y los aplique en forma sostenida. Los funcionarios tienen una responsabilidad directa y a ellos les corresponde, ineludiblemente, velar por la vigencia de todos los requisitos que se fijan para darle seguridad y garantías a un servicio que, además, como el de los remises, es de naturaleza pública.