Una idea de expropiación que desató un alerta en el campo, los empresarios y la oposición

En tránsito hacia un pico de la pandemia, con la posibilidad que el gobierno nacional endurezca la cuarentena, surgen los peores fantasmas de un derrumbe económico mayor al imaginado. Y esto ocurre en un contexto de crisis política en el seno del oficialismo tras la decisión de expropiar el grupo aceitero Vicentin que, además, encendió todas las luces de alerta en el campo, los empresarios y la oposición. En tanto que la negociación de la deuda continua complicada, con otra extensión de los plazos ad hoc decidida por el ministro Martín Guzmán, pero sin cerrar una oferta que cada vez surge más gravosa para la Argentina. Las brechas, en lugar de acercarse en la última semana, se han alejado, transformando el caso Vicentin de un problema económico privado, a un debate político nacional.

El propio Alberto Fernández se enredó en una serie de declaraciones y contramarchas que lejos de despejar dudas, incrementó la incertidumbre económica. Unos días previos al sorpresivo anuncio de expropiación, en la residencia de Olivos, el Presidente dijo a diez de los mayores empresarios locales que el Gobierno estaba para ayudarlos y que no haría “ninguna locura”. Tras el anuncio y el DNU que establecía la intervención y expropiación de Vicentin, los ministros Kulfas y Guzmán fueron instruidos para que llamaran a los sectores empresariales y asegurarles que esto era “ por única vez” y que no existía ningún plan mayor. El descontento empresario, la expresión de sectores del peronismo que rechazaron la iniciativa, en particular del ex candidato Roberto Lavagna, pero quizás más aún, la pueblada de Avellaneda, donde tiene sede Vicentin, hicieron retroceder al Presidente. Surgió así un encuentro con los accionistas de la empresa santafesina, con el objetivo de “escuchar otras posibilidades”. Aunque finalmente el Presidente volvió a fojas cero esa alternativa.

Las políticas moderadas que habría prometido Alberto F. dieron por tierra y no es casualidad que las miradas sobre la autoría del proyecto de expropiación giraran hacia la vicepresidenta CFK. El propio Presidente desmintió esa versión aunque con escaso éxito ya que la mayoría de sociedad, según distintas encuestas, piensa que la iniciativa partió del Instituto Patria y de la Cámpora. La agrupación que dirige Máximo Kirchner, a diferencia de los dichos del Presidente, saludó la decisión como el inicio de una epopeya emancipadora del capital internacional. La convocatoria de una empresa privada se politizó a gran velocidad. Surgió un proyecto de creación de una comisión de investigación por parte del senador Parrilli y la UIF hizo una presentación judicial por supuesto lavado de dinero. El Presidente ahondó en el tema, asegurando que es la única manera de evitar una extranjerización de la empresa.

Sin entrar en detalles de la iniciativa del Ejecutivo, la expropiación abre la puerta a nuevos conflictos, mayores costos y también a la judicialización. Los accionistas de Vicentin publicaron una solicitada indicando que se violan garantías constitucionales y los procesos legales y que acudirán a la Justicia. El rechazo a la nacionalización es bastante amplio en el campo, incluso a nivel del cooperativismo, en donde imaginan otra 125. El riesgo de otros avances en esa dirección tiene nombre y apellido en esa actividad. Al menos tres empresas agroindustriales podrían quedar en la mira oficial, también con dificultades financieras: Molinos Cañuelas, Sancor y Navilli, la mayor comercializadora de granos de Córdoba. ¿Qué ocurriría si esto fuera cierto? ¿Pero que ocurrirá antes, con los votos que requiere una ley de nacionalización en el Congreso?

La iniciativa oficial tiene mayoría en el Senado, pero en diputados las cuentas no son tan claras. Además, existe el interrogante de que posiciones tomarían los gobernadores Juan Schiaretti de Córdoba y Omar Perotti de Santa Fe. El cordobés mantiene sus recelos con la Nación y, según habría dicho en privado, el límite de su gobierno es el campo. Perotti tendrá igual que sopesar los pro y contra de apoyar la iniciativa en una provincia con fuertes intereses agropecuarios. Otro capítulo de esta nacionalización es el costo.

¿Tiene el Gobierno los 1300 millones de dólares que debe la empresa? ¿Cuánto valen sus activos? El ministro Guzmán repite casi a diario que la Argentina no puede pagar nada por dos años. ¿Por qué razón entonces el país se haría cargo de una deuda privada? Entre las acusaciones que recibe el ex ministro Cavallo, figura haber estatizado las deudas que tenían los bancos con el Estado. ¿Por qué razón se volvería a socializar una deuda de privados? Otra iniciativa del ministro Guzmán agrega argumentos a quienes advierten una avanzada del gobierno sobre el campo. En la nueva oferta que prepara el funcionario, ahora se contempla un Agro/Bono, por el cual los acreedores que acepten el canje de deuda, recibirán un cobro adicional en función de cuanto aumenten las exportaciones agropecuarias. Sería una manera de eternizar las retenciones que gravan a las ventas agropecuarias al exterior.

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Mientras tanto, el ministro continúa rehaciendo sus números para llegar a cerrar un acuerdo con los acreedores en un marco de negociación inexplicable. Bajo un supuesto de dar transparencia, el ministro negocia casi en público la deuda, elevando la oferta de a pequeños pasos, regateando como si se tratara de un mercado persa, sin eludir las pretensiones de los acreedores y extendiendo los plazos que afectan en sumas cada vez mayores a las reservas del Banco Central.

El poker de la deuda sigue, igual que la fuerte recesión sin un horizonte claro de salida. A lo cual se agrega el escándalo político por una expropiación de una empresa de capitales nacionales.