Un paso adelante en el camino hacia la reactivación

El reciente acuerdo anunciado por el Gobierno nacional con los acreedores por la reestructuración de la deuda, para poder canjear así U$S 66.300 millones de títulos emitidos en el extranjero, constituyó un paso adelante, que le permitirá a la Argentina lograr un significativo alivio y poder realizar con mayor fluidez actividades industriales, exportaciones e importaciones, recomponiéndose así, en buena medida, la posibilidad de recurrir a los mercados internacionales.

Debe destacarse en primer término la ayuda que recibió la Argentina durante la recesión de parte los Estados Unidos, Alemania, el Fondo Monetario Internacional y el Vaticano, en una colaboración que ha resultado ser fundamental.

Ahora queda a nuestro país nada menos que enfrentar varios problemas importantes. En primer término, la negociación por el resto de la deuda con el mismo Fondo que, por supuesto, tiene que cobrar. El FMI, para dar más plazos de pago, seguramente exigirá que nuestro país impulse un proyecto o programa, del que se desprenda que la Argentina va a poder cumplir con las obligaciones de pago.

Cabría aquí reseñar que siempre se ha criticado la actitud del FMI -al que se acude cuando ya todas las puertas están cerradas- que, sin embargo, como cualquier otro acreedor, lo que quiere saber es si el deudor tiene la voluntad y la posibilidad de pagar.

Hace décadas que muchos economistas advierten que el sector público argentino está diseñado para gastar por encima de sus recursos. Los desequilibrios que se suceden a partir de estos presupuestos distorsionados por el gasto estatal, pretenden ser corregidos a través de políticas inflacionarias, en situaciones que se traducen en la licuación de los haberes. También suele ocurrir un incremento de la presión impositiva que recarga los costos de producción lo cual prácticamente impide o dificulta las exportaciones que generan los dólares necesarios para el pleno desarrollo de la economía nacional. En este sentido, los organismos internacionales han sido coincidentes a la hora de reclamar que la Argentina ordene su sector público. El déficit de alrededor del diez por ciento del producto bruto convierte a la Argentina en inviable.

De allí que este acuerdo resulte trascendental para darle a las empresas de nuestro país -sean las agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios- la posibilidad de reconvertirse y pasar a ser competitivas. El campo ha jugado un papel fundamental en la obtención de divisas para el país mediante inversiones que permitieron la incorporación de tecnología merced a la cual se aumentó la producción a pesar de sufrir pesadas cargas impositivas que dificultan sostener el ritmo de las inversiones requeridas para seguir incorporando más extensiones de tierra a la producción y mediante el logro de mayores rendimientos en las que son actualmente explotadas. El sector agropecuario puede ser la base de una genuina industrialización y nada menos que de la descentralización demográfica del país.

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Se ha señalado -y así lo reflejan los ejemplos de muchos países- que la principal cualidad de exportar consiste en ver al mundo como a una oportunidad de progreso, acudiendo a los múltiples mercados con los mejores productos. El crecimiento de toda exportación traduce, necesariamente, la presencia de mayores volúmenes productivos y éstos, a su vez, reclaman cada día más de inversiones y de mano de obra calificada.

A nuestro país le aguarda ahora una tarea muy difícil, porque serán necesarias transformaciones muy importantes en todos los aspectos y no únicamente los económicos. Para lograr los importantes capitales, imprescindibles para generar puestos de trabajo iniciando el camino al desarrollo de todas las potencialidades del país, no son menos trascendentes la seguridad jurídica y políticas de Estado.