La jubilación anticipada, otra medida que desalienta al empleo genuino

Los aportes de los jubilados fueron y siguen siendo la más importante caja de financiamiento para la mayoría de los gobiernos de nuestro país en las últimas décadas. Echar mano de los fondos jubilatorios para dedicarlos a finalidades diversas –entre otras, regalar miles de tablets en todo el territorio- fue y sigue siendo un recurso que ha venido desfinanciando a las cajas previsionales, hasta ponerlas en rojo y al borde del colapso.

Se usaron los fondos previsionales para saldar necesidades presupuestarias, para financiar distintos tipos de planes –la mayoría de ellos, después, fracasados-, para solventar obras públicas, para sostener la actividad económica golpeada por la baja en la recaudación de exportaciones y para dispersar planes dadivosos sobre todo en años electorales, desfinanciando cada vez más al organismo previsional. Todo, claro, a costa del bolsillo de los jubilados que cada día cobran menos y originándose, de rebote, más oleadas inflacionarias.

En ese contexto, el Gobierno nacional oficializó la instrumentación de un plan de “prestaciones anticipadas” para personas que cuentan con los 30 años de aportes requeridos por ley, que les faltan cinco años o menos para alcanzar los límites de edad y que se encontraban desocupadas al 30 de junio de 2021, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia Publicado en el Boletín Oficial.

La medida establece que tendrán derecho a la prestación los varones que hayan cumplido 60 años de edad y las mujeres que tengan 55, en tanto que los beneficiarios deberán acreditar 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el régimen de reciprocidad, entre otras de las cláusulas que contiene el decreto.

Más allá del acto de justicia invocado para fundamentar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en la práctica la medida viene a incrementar el desfinanciamiento que padece desde hace mucho el sistema de seguridad social, que se encuentra literalmente quebrado.

Existe un total de 6.826.285 de pasivos nacionales en el país, entre jubilados y pensionados. En base a parámetros preestablecidos el sistema previsional argentino necesitaría la presencia de 21 millones de activos aportando a la caja. Y ocurre que la base de empleados que aportan es mínima, la pirámide se deforma cada día más.

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Esta medida oficial incorpora miles de personas en una edad que los encuentra en plena vida útil laboral, pero que ahora se sumarán como un nuevo peso sobre la ya vulnerable caja jubilatoria, según advierten algunos economistas.

Un segundo punto a considerar tiene que ver con el hecho de que las personas que tienen 30 años de aportes y cumplan con los demás requisitos para percibir la jubilación anticipada, recibirán entre un 50 y un 80 por ciento de la mínima hasta que lleguen al tope prefijado dentro de cinco años y allí perciban la totalidad del haber.

De modo que ganarán muy poco, casi nada, y ello los obligará a seguir trabajando pero en negro para no perder el cobro de este beneficio. A la empresa empleadora con la que pacten esta relación probablemente le convenga, de modo que en la Argentina se le vuelve a dar luz verde al trabajo no registrado.

No sólo se estimula al trabajo en negro. La decisión oficial también desalienta aquellas políticas que apuntan a crear empleo genuino, negándose la alternativa de impulsar programas de capacitación para mayores de 55 años de edad. Se trata de personas con experiencia laboral a la que pretende anular del mercado mediante el pago de un haber muy bajo.

Al no generar un posible mayor movimiento de bienes y servicios –dada la exigüidad de los haberes- la medida se traducirá en mayor inflación, no colaborará con la necesaria recuperación de la actividad económica y comprometerá aún más al sistema previsional.