Sigue la luz verde para el flagelo de la venta ambulante en la Ciudad

Mientras en muchos distritos –varios de ellos del Gran Buenos Aires- la venta ambulante está prohibida, La Plata se ha convertido en una verdadera “tierra prometida” para quienes ejercen esta actividad informal, que, por consiguiente llegan atraídos a nuestra ciudad desde puntos lejanos. Por cierto que la organización de tipo mafioso que maneja la venta informal es la que se ocupa de “adjudicarles” este destino y, en algunos casos, el alquiler de pequeñas dependencias para dejar mercaderías en depósito y ocasionalmente pernoctar en ellas.

Tal como se informó ayer en este diario, la venta ambulante –que creció en forma exponencial durante la cuarentena y pese a ella- no encuentra freno en la Ciudad, estimándose que hay un promedio de diez puestos por cuadra en el tramo céntrico de la avenida 7, más la enorme cantidad que lo hace en plaza Italia, frente a la Legislatura, con la estación de Trenes como la más concurrida, con 164 puestos. Hay también vendedores informales dispersos por diagonal 80, calle 12 y otros lugares.

Conjuntos deportivos, zapatillas, pantuflas ropa con inscripciones de reconocidas marcas –aunque, claro, falsificadas-, relojes, bijouterie, la temeraria venta de anteojos de sol y lentes con supuestas dioptrías que son rechazados por los oculistas , cargadores, auriculares y otros artículos electrónicos, vajillas, artículos de limpieza y hasta puestos con venta de alimentos forman parte de la profusa, indiscriminada y en algunos casos peligrosa oferta de los puesteros.

Frente a la suma de ilicitudes que la venta ambulante implica, se han conocido algunas opiniones favorables a la instalación de puesteros en la Ciudad, fundadas en la necesidad de trabajo que tiene mucha gente. Esas posturas dejan de lado que la venta ambulante encuentra basamento en la falsificación de marcas, en la venta de alimentos sin ningún tipo de control bromatológico o en el contrabando de muchas mercaderías que ingresan al país sin pagar ningún tipo de gravámenes. Como trasfondo, la venta ambulante –manejada por organizaciones perfectamente estructuradas- también se aprovecha de la necesidad de trabajo de mucha gente, a la que somete a condiciones laborales y de vida que vulneran derechos humanos elementales.

Como convidados de piedra de esta historia se encuentran los comerciantes regulares, que pagan salarios al personal –se habla de miles de puestos de trabajo, muchos de ellos en riesgo- que tributan también impuestos a la Ciudad, a Provinciay Nación, que enfrentan el pago de tasas sociales, alquileres y otras múltiples obligaciones relacionadas a los variados requisitos que deben cumplir. Esos emprendedores deben ver en forma cotidiana, con la impotencia que es de imaginar, cómo a metros de ellos se expande el flagelo del comercio ilegal. Y no se encuentran ya más los miles de comerciantes que se vieron literalmente obligados a bajar sus persianas para siempre.

De la informalidad se derivan muchos más perjuicios que ventajas. Y es el Estado el que debe buscar alternativas laborales en forma urgente para los puesteros. La venta ambulante sólo beneficia a organizaciones mafiosas que la apuntalan, que explota a los vendedores y perjudica no sólo a miles de comerciantes sino a la calidad de vida de la Ciudad. Son las arcas públicas las que dejan de percibir tributos correspondientes a las miles de operaciones informales que se realizan en la Ciudad, de modo tal que son esos tres estamentos del Estado –Municipalidad, Provincia, Nación- los que deberían actuar en forma conjunta para poner las cosas en orden.

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