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Incluyó el punto en el documento final. Es uno de los reclamos del Gobierno argentino para un acuerdo con el organismo
El presidente Alberto F. en su llegada ayer a Glasgow, Escocia/Télam
Los líderes de los países miembros del G20 se comprometieron, en su declaración final de la cumbre en la ciudad de Roma, en la revisión de la política de sobrecargos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en línea con el planteo que Argentina viene realizando en los últimos meses en distintos foros y en sus negociaciones bilaterales con el organismo de crédito.
Así lo establecieron entre los puntos centrales los líderes de los países del G20 refirmando el pedido realizado por sus ministros de Finanzas del 13 de octubre.
Además, reclamaron al organismo de crédito multilateral la creación de un nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad para “proporcionar financiación asequible a largo plazo” a los países de ingreso medios y bajos, y pidieron la canalización voluntaria de parte de los Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados para ayudar a los países vulnerables.
“Nuestros ministros de Finanzas esperan seguir examinando la política de sobrecargos del FMI en el contexto de la revisión provisional de los saldos precautorios”, señalaron los líderes del G20 en la declaración final.
Una breve frase que supone un avance para nuestro país, el mayor deudor del FMI, que desde hace tiempo aboga por el alivio de las comisiones exigidas a los países que utilizan las líneas de crédito del organismo, especialmente tras la situación de dificultad económica por la pandemia.
La cumbre del G20 concluyó ayer con consensos en materia de fiscalidad, como el respaldo al acuerdo para la adopción de un impuesto mínimo global del 15 % para sociedades, y también en medio ambiente, como el empeño para mantener el techo del calentamiento global en 1,5 grados (ver página 2).
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Fernández viajó a Roma acompañado por su ministro de Economía, Martín Guzmán, y ambos defendieron en una bilateral con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, la intención de Argentina de negociar “con firmeza” para “recuperar la soberanía” en el pago de su deuda récord.
El organismo crediticio con sede en Washington cobra una tasa de 200 puntos base sobre los préstamos pendientes por encima de la cuota de 187,5% de un país, y aumenta a 300 puntos base si un crédito permanece por encima de este porcentaje después de tres años.
El G20 incluyó esta mención a los sobrecargos, siguiendo la línea ya trazada por los ministros de Finanzas en julio en Venecia, y confirmó el “beneplácito a la nueva asignación general de derechos especiales de giro (DEG)”, implementada por el FMI en agosto, “que ha puesto a disposición el equivalente a 650.000 millones de dólares en reservas adicionales a nivel mundial”.
Los DEG son un activo de reserva internacional, creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros y les proporcionan liquidez. Los países pueden contabilizarlos como activos extraordinarios en sus reservas o canjearlos por monedas fuertes para hacer frente a sus necesidades de balanza de pagos.
Todos los miembros del FMI tienen acceso, pero el Gobierno argentino propone desde hace tiempo que los países mas ricos que no los necesiten los reasignen a los vulnerables.
Mientras, el presidente Alberto Fernández remarcó ayer la importancia de “canjear deuda externa por acción climática” y calificó como claves “menores tasas y plazos de pago más extensos” en los endeudamientos, en su intervención en la segunda sesión plenaria de la jornada final de la cumbre de líderes del G20, en Roma.
El mandatario argentino insistió en “avanzar en acuerdos sostenibles en materia de deuda externa” e “identificar los avances en tecnologías limpias como bienes públicos globales”, según un comunicado oficial sobre su intervención en la sesión cuya temática fue “Cambio Climático y Medio Ambiente”.
“Sin multilateralismo ambiental, estaremos corriendo todos hacia el abismo”, advirtió Fernández antes de viajar a la cumbre del clima en Escocia y remarcó que “la justicia ambiental requiere justicia financiera global”.
“Sin financiamiento sostenible no habrá desarrollo sostenible”, agregó, y señaló que “los recursos para la implementación del Acuerdo de París siguen siendo insuficientes, especialmente para los países más desfavorecidos”.
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