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En el oficialismo son conscientes del deterioro económico que agravó la pandemia. Luz verde para paritarias del 45% y bonos que compensen los efectos de la inflación. Anticipan más protestas sociales. La reaparición de la Vicepresidenta en la Provincia
Alberto Fernández, pendiente de la vacunación / Telam
Emiliano Russo
efrusso@eldia.com
“Hay dirigentes que no toman conciencia del abismo al que nos enfrentamos. La mejor campaña es resolver problemas”, dijo un funcionario con despacho en Casa Rosada, que además acusaba a la oposición de politizar la pandemia. Pero también es un mensaje dirigido hacia la variopinta coalición oficialista que esta semana se vio interpelada por la insistencia de Cristina Kirchner en “integrar” el sistema de salud público, privado y de las obras sociales y prepagas.
El deterioro económico que registra el país empuja los índices de pobreza y ha encendido alarmas en el Gran Buenos Aires que, como otras zonas vulnerables, ha sufrido los efectos perniciosos de la pandemia. Esta semana el Indec informó una baja de la inflación que promediaba un 4 por ciento desde diciembre pero el acumulado igual mete miedo: un alza del 21,5 por ciento en lo que va del año que ahora viene disparando paritarias en el orden del 45 por ciento. Pero más allá del apotegma peronista de que los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera, en un país con casi un 40 por ciento de informalidad esta reformulación de las negociaciones colectivas tiene un efecto relativo.
El último viernes hubo una masiva marcha de agrupaciones sociales por el centro porteño en reclamo por la vuelta del IFE o bien por la implementación de una renta universal, una demanda que es compartida por un sector del kirchnerismo y por referentes sociales que hoy son funcionarios.
En el gobierno admiten que al compás de una mayor normalización y de la cercanía de la campaña electoral, habrá más conflicto social en las calles. No sólo porque, según un funcionario consultado, “es la forma de la izquierda de hacer campaña”, sino porque la situación socio-económica es compleja. En las últimas horas el Ejecutivo anunció el pago de sendos bonos para jubilados -confirmando que la reforma previsional aprobada en diciembre pasado, que no tenía en cuenta a la inflación, corría el riesgo de ajustar los haberes- y para beneficiarios del Potenciar Trabajo con el objetivo de compensar las pérdidas ante la escalada de precios.
Con todo, en el oficialismo se ilusionan con los datos que arroja la utilización de la capacidad instalada de la industria, que se ubicó en abril en el 63,5 por ciento y que al compararlo con el mismo mes de 2019, tuvo una suba de 1,9 por ciento; el repunte no sólo se registró en alimentos sino también en metales y producción de maquinaria. Empero, consultoras privadas informaron que en mayo siguió cayendo el consumo masivo. “Hay que poner plata en el bolsillo, la inflación no es algo que podamos resolver rápido”, había admitido hace unos meses un ministro de los que más escucha Alberto Fernández.
El último martes el ministro Martín Guzmán (Economía) aseguró en un evento empresario que “están las bases” edificadas para que mes a mes haya un descenso paulatino del costo de vida. Pero por las dudas, pareció dejar atrás “la hoja de ruta” del Presupuesto y abrir la puerta a las paritarias por encima de la fenecida pauta del 35 por ciento. Al igual que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reiteró que este año los salarios “tienen que ganarle a la inflación”. Los gestos de prudencia fiscal, no sólo por la frustrada quita de subsidios a las tarifas, parecieron haber quedado atrás.
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La Anses, que administra la camporista Fernanda Raverta, otorgó una suba a sus trabajadores del 45 por ciento. El amigo presidencial Víctor Santa María, titular del gremio de encargados de edificios, ya negoció una revisión que eleva el sueldo del sector en ese porcentaje y Camioneros logró imponer esa misma recomposición.
Más allá de este logro, el moyanismo se vio envuelto en una polémica tuitera tras la foto que Facundo Moyano posteó sobre el encuentro celebrado en la sede de Aeronavegantes de unos 20 jefes sindicales “sub 55”, que mostraba unas botellas de vino ocultas bajo la mesa pero, sobre todo, la ausencia de mujeres cuando uno de los ejes fue la “perspectiva de género” en los gremios. El trasfondo de la reunión fue darle apoyo a la candidatura de Pablo Moyano para liderar a la CGT en una elección interna que hoy se encuentra suspendida, al menos, hasta el 31 de agosto cuando vence la medida dispuesta por Trabajo en el marco de las restricciones por la pandemia.
El posteo del diputado nacional le valió un cruce con la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, “guardiana” de las cuestiones de género del oficialismo. Se trata, como reconocen en el seno del Frente de Todos (FdT), de una de las pocas políticas que lograron levantar vuelo en lo que va de mandato. Y que, tal vez para alejarse de los problemas domésticos, sea utilizada por Alberto Fernández en la gira por París que llevará a cabo entre el 28 y 29 de junio próximo. Invitado por su par francés Emmanuel Macrón, participará del foro internacional de la denominada “Generación Igualdad”, un espacio impulsado por la ONU Mujeres. La logística de la travesía será cubierta nuevamente con el “alquiler” de un Airbus 330 de Aerolíneas Argentinas, con un costo aproximado de 330 mil dólares, que le permitiría transportar una comitiva de 50 personas con la distancia social requerida.
Las políticas de género sumadas a los gestos diplomáticos conocidos en la semana, como la abstención argentina en la OEA a la condena a la detención arbitraria de dirigentes políticos en Nicaragua, buscan apaciguar las tensiones internas del FdT. Tal vez por ello las declaraciones de Cristina Kirchner sobre la necesidad de unificar el sistema de salud, esta vez, no convulsionaron a la Casa Rosada, donde aseguran que no hay ningún borrador de proyecto y que los cambios se podrían llevar a cabo por la propia dinámica de la pandemia.
Hoy el oficialismo no tendría votos para impulsar una reforma que es resistida por los diputados del espacio referenciados en los sindicatos, celosos por las cajas de las obras sociales. Si aún no ha podido sancionar la denominada “ley pandemia” -que institucionaliza las restricciones del semáforo epidemiológico vigente- y los cambios en el Ministerio Público Fiscal, difícilmente podría avanzar con esta iniciativa.
Pero con su reaparición pública, Cristina dio en los hechos el primer empujón a la campaña en Provincia, el distrito que la desvela de cara a los comicios parlamentarios. En las últimas semanas se ha mostrado hiperactiva para conocer detalles de las consecuencias a nivel sanitario y socioeconómico que la pandemia ha producido en el distrito, consultando ministros, diputados y hasta ex funcionarios con militancia bonaerense.
En la oposición son conscientes de que el deterioro económico y la zigzagueante gestión educativa que ha expuesto el gobierno, podrían favorecer sus chances en las elecciones legislativas. Pero Juntos por el Cambio enfrenta sus propios demonios: no sólo por las desafortunadas declaraciones de Mauricio Macri sobre el Covid -lo definió como “una gripe más fuerte”, sino que además la coalición deberá ahora hacer esfuerzos para mantener la unidad.
Con su reaparición, Cristina le dio el primer empujón a la campaña en Provincia
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