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Saraí Coscojuela
Caracas es considerada por sus habitantes una ciudad verde, por la gran cantidad de vegetación que tiene, pero las denuncias de podas severas y talas indiscriminadas de árboles crecen cada vez más y se extienden a otras ciudades de Venezuela, que sufre agresiones medioambientales constantes.
El director de la organización Ciudad Laboratorio, Cheo Carvajal, aseguró que la eliminación de árboles en Caracas no es nueva y que la pérdida de especies ha sido de forma progresiva, pero hoy, se ha hecho más evidente.
Aunque la legislación venezolana establece criterios por los cuales se poda o tala un árbol, Carvajal agregó que actualmente se suman otras razones que no siempre son válidas y que no están justificadas.
Recordó que con la ampliación de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho se eliminaron centenares de especies para agregar un carril más.
También se han talado árboles por nuevas construcciones, para tener mejor movilidad en las entradas de estacionamientos o en edificios residenciales porque “les afecta la vista, porque están en una colina y entonces el árbol está atravesado y no les permite ver hacia la ciudad”.
“Todas esas razones están allí operando y hay muy poca contención institucional para decir que no, que hay que defender los árboles porque son un patrimonio y que son importantes para la vida en la ciudad”, expresó.
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En la Ley de Bosques se establece que el poder municipal puede otorgar autorizaciones para la tala y poda de árboles con fines de seguridad y mantenimiento, excepto las especies en veda, que deben contar con el visto bueno del Ministerio de Ecosocialismo (antes de Ambiente).
Carvajal indicó que las razones válidas para talar un árbol son, por ejemplo, que pongan en peligro la vida de las personas o de una edificación, pero primero se debe hacer un estudio para determinar que ciertamente existe una amenaza.
Las ordenanzas municipales de las alcaldías caraqueñas de Baruta, El Hatillo y Libertador indican que las talas solo son permitidas cuando representan un peligro inminente para las personas o bienes; cuando por vejez, plaga o enfermedad no sea posible la recuperación del árbol o cuando no sea posible su trasplante y se haya demostrado mediante un estudio técnico la imposibilidad de su permanencia.
Además, cuando se tala un árbol se deben reponer entre 8 y 10 ejemplares, “pero aquí mucha gente juega con eso y dicen: yo le di mis 8 arbolitos al Ministerio. Y vaya usted a saber a dónde fueron a parar o si en efecto los sembraron”.
El activista señaló que durante varios años las alcaldías dejaron de hacer las podas de mantenimiento y preventivas.
“Entonces la tendencia es, como tenemos un problema con los árboles, hacer unas podas severas, que en algunos casos la gente le llama mutilaciones”, dijo.
Añadió que es común que hagan cortes incorrectos que rasgan las cortezas, con lo cual pueden entrar parásitos y agentes patógenos que provocan un debilitamiento del árbol y ante este proceso deciden talarlo por completo.
Carvajal apuntó que las alcaldías argumentan que no tienen suficiente presupuesto para hacer los mantenimientos de forma frecuente.
“Se fue debilitando ese frente institucional, ya que quienes hacían las podas no eran especialistas, porque una poda necesita alguien que sepa hacerlo. Entonces contrataban una cuadrilla que iban y macheteaban”, sostuvo.
Aunque el activista reconoció que no siempre los ciudadanos recurren a las alcaldías para obtener un permiso y por su cuenta contratan personas para hacer la tala.
Las denuncias de tala de árboles también se han dado en otras regiones de Venezuela. En junio, vecinos y profesores de la Universidad de Los Llanos Ezequiel Zamora (Unellez) en Guanare, estado Portuguesa, denunciaron que fueron marcados eucaliptos para una posible tala.
Dos días después las autoridades de la Unellez aseguraron, mediante un comunicado, que el marcaje se hizo para hacer un estudio diagnóstico con los bomberos universitarios y determinar si estos árboles representan un peligro o no para los vehículos y transeúntes de la zona.
Hace un mes, en el municipio Junín del estado Táchira, los vecinos denunciaron la tala de al menos 20 especies sin su consentimiento.
“Hacemos un llamado a la reflexión a los responsables, a que por cada árbol cortado siembren 10, porque la única función de estos árboles era brindar oxígeno a la población de Rubio”, expresó Kevin Figueroa, miembro de la ONG Eco Pana al medio Todos Ahora.
Igualmente, en Pueblo Nuevo, en el mismo estado, la jefa de división de Protección Ambiental de la alcaldía de San Cristóbal, Thania Estupiñán, confirmó la tala de 16 árboles sanos y que no tenían el permiso del Ministerio de Ecosocialismo por estar en veda. (EFE)
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