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Héctor Rubini *
El martes pasado, el Gobierno uruguayo “blanqueó” un secreto a voces: el probable inicio de la negociación unilateral de un Tratado de Libre Comercio con la República Popular China. El típico “free-riding”, que lleva al miembro de un grupo a su exclusión, a la corta o a la larga.
La inestabilidad de este lado del Río de la Plata siempre fue mal vista desde la vecina orilla, y aunque se ha mantenido una tradición de buena vecindad, las últimas dos décadas mostraron algunos roces entre Argentina y Uruguay. La instalación de plantas para pasta de papel en el Río Uruguay casi frente al balneario de Nandubaysal, cercano a Gualeguaychú, no fue sino una continuidad de esas expresiones de Jorge Batlle para quien los argentinos somos un colectivo de ladrones (“chorros”) sin excepción (“del primero al último”).
El sesgo proteccionista y los controles de cambios y a las importaciones de nuestro país entre 2011 y 2015 terminaron de convencer a la dirigencia uruguaya que subordinarse al Mercosur o cualquier otro “paraguas”, acarrearía más costos que beneficios. Inevitablemente se fueron activando mecanismos para acuerdos unilaterales con terceras potencias, cuya factibilidad podría tener sentido si la viabilidad del bloque cayera en una crisis irreversible o casi.
La condición básica (y no era un secreto para nadie) era muy simple: un profundo y permanente desacuerdo entre Buenos Aires y Brasilia, con una actitud del Gobierno de Brasil a favor de acuerdos comerciales de cada país miembro sin el acuerdo unánime del Mercosur.
La visible antipatía del actual Gobierno de Brasil hacia el de nuestro país se exacerbó a partir del contrapunto en vivo entre los presidentes de Uruguay y Argentina a principios de 2021. La actitud y declaraciones del ministro Paulo Guedes y del propio presidente Jair Bolsonaro dejaron más en claro que la “grieta” entre ambos países está tornándose más ancha y profunda.
Al asumir la presidencia pro-témpore del Mercosur el pasado 8 de julio, el presidente brasileño reafirmó sus críticas con un discurso en el que sostuvo que en el primer semestre de este año (bajo la presidencia pro-témpore de Argentina) el bloque no mostró resultados concretos en cuanto a la revisión del Arancel Externo Común y la flexibilización del bloque para la negociación de cada miembro por separado de acuerdos comerciales con socios extra Mercosur. Y, simultáneamente, el Gobierno uruguayo anunciaba que iniciaría la negociación de acuerdos comerciales con países fuera del bloque.
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El anuncio del miércoles pasado del presidente uruguayo del inicio unilateral de negociaciones con el de la República Popular China no debería sorprender a nadie. El pasado 13 de agosto, en pleno fragor del “Olivosgate”, el presidente argentino recibió en la quinta de Olivos a su colega uruguayo, Luis Lacalle Pou. Fuentes del Gobierno uruguayo habían expresado a medios de nuestro país que Uruguay avanzaría en negociaciones con otros países y luego recién avisaría al resto de los gobiernos del bloque. Una reafirmación de lo ya “avisado” un mes antes.
En lo formal, el anuncio de Lacalle Pou es de la voluntad de dar inicio a las negociaciones con China, siendo este país el que habría dado el paso inicial. Hasta ahora el Gobierno chino había expresado que no cerraría ningún acuerdo con Uruguay si alguno de los demás miembros del Mercosur estuviera en contra. Sin embargo, el presidente uruguayo anunció en la conferencia de prensa del martes pasado que el Gobierno chino le ofreció formalmente iniciar de manera bilateral el estudio de prefactibilidad para un Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Un anuncio que lo deja más como un portavoz de un hecho consumado, bajo fuerte influencia del Gobierno chino, no como un instrumento de una estrategia bajo su control de inicio de acuerdos con diversos países de manera unilateral, marcando así el comienzo de una dilución casi inexorable del Mercosur.
Tanto Argentina como Paraguay siguen con la postura de que deben respetarse el acuerdo básico del bloque, y en particular los protocolos de Ouro Preto. Probablemente sean la base de sus argumentaciones para la reunión del Consejo del Mercado Común del 22 y 23 de este mes. Pero difícilmente cambien algo que Uruguay tiene en carpeta, y en negociación desde hace meses.
La inevitable alerta de los sectores industriales de Brasil y Argentina va a hacerse sentir, de alguna forma, ya que un acuerdo de ese tipo apunta a transformar a Uruguay en la central de ingreso de bienes manufacturados chinos (terminados, o partes ensambladas en Uruguay) con destino a Brasil y Argentina.
Como advertía años atrás el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, el problema en el Mercosur no van a ser las remeras o el calzado para Brasil o Argentina, sino los autos y otros bienes manufacturados de origen chino. Es claro que, sin una adecuación previa de las restricciones impositivas y regulatorias locales, no será fácil competir con productores chinos que desde hace más de una década y media gozan de generosos subsidios a la exportación y diversos beneficios impositivos.
Uruguay no es una potencia industrial, pero podría pasar a ser la inevitable vía de ingreso a sus vecinos de bienes de origen chino que gozan de subsidios explícitos y exenciones tributarias, fundamentalmente de las administraciones subnacionales, tanto provinciales como municipales.
Si Uruguay cierra finalmente un acuerdo de libre comercio con China, es inevitable que los sectores industriales de los países vecinos lo perciban como una inequívoca amenaza.
El curso de los acontecimientos dependerá ya no de las reacciones de los socios del Mercosur sino del tipo de unilateralidad del Gobierno uruguayo, aparentemente “bendecida” por el Gobierno de Brasil. En caso de avanzar, inclusive con acuerdos con otros países, marcaría inevitablemente el irreversible fin del Mercosur tal como lo hemos conocido.
(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)
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