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Emiliano Russo
efrusso@eldia.com
Los gobernadores que el jueves habían rubricado el comunicado “incendiario” en el que Alberto Fernández afirmaba que el fallo de la Corte Suprema era “de imposible cumplimiento” no sabían de la propuesta que ayer a la mañana hizo conocer el propio jefe de Estado, la de pagar con bonos a CABA el reajuste de la Coparticipación Federal, que a la postre significó una nueva “marcha atrás” del Ejecutivo. Desconocían la negociación que el Presidente había mantenido durante el fin de semana con Sergio Massa que, temeroso por el efecto negativo del “desacato” al máximo tribunal en los tenedores de la deuda pública, ahorristas e inversionistas, le sugirió una salida alternativa que mostrara la intención del Gobierno de cumplir “con la manda judicial”.
La resolución al diferendo que intentó el Presidente, a la postre, no logró los resultados en el frente interno –al malestar de un grupo de gobernadores se le sumó la del kirchnerismo, hoy expectante por la palabra de Cristina Kirchner en su reaparición pública en Avellaneda- y tampoco contentó a Horacio Rodríguez Larreta. El gobierno porteño se presentó ayer en la Corte denunciando el “incumplimiento” de la resolución del pasado miércoles y confirmó que denunciará a los “funcionarios responsables” de no hacer cumplir la sentencia.
Desde el viernes llovieron comunicados de entidades empresarias y académicas que rechazaban la insólita decisión de Alberto Fernández que había consensuado con 14 gobernadores peronistas, entre los que no estaban Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba). El santafesino incluso le habría advertido sobre la inconveniencia de no hacer cumplir una manda judicial.
Pero Massa no se había expresado sobre el asunto. Ya el viernes, más allá que los mercados se vieron alterados por la suba del precio del dólar blue o informal y el riesgo país, en Economía había temor sobre la posibilidad que los inversionistas hagan caer el valor de los bonos soberanos ante lo que consideraban un riesgo en la continuidad de la seguridad jurídica del país. En realidad, tanto inversores externos como ahorristas internos reclamaron garantías frente a una decisión inconcebible de que un Gobierno no respetetará, y cumpliera, con un fallo nada menos que del máximo tribunal de Justicia.
En vísperas de una nueva licitación clave para prorrogar vencimientos de la deuda en pesos, Massa “ideó una propuesta de resolución de conflicto” ante lo que en su entorno consideraban “una pelea perdida” por la decisión de la Corte Suprema de subir el porcentaje de Coparticipación a la capital federal luego de la quita dispuesta por Nación en 2020. “Hay que ser inteligentes y evitar que todo esto termine en un conflicto judicial más profundo”, alegó un funcionario cercano al exintendente de Tigre.
Lo cierto es que los tuits del jefe de Estado publicados ayer pasadas las 10.30 -poco antes de la apertura de los mercados-, en los que consideró que “las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas”, sorprendieron a los gobernadores peronistas que el jueves pasado se habían reunido con él. El chaqueño Jorge Capitanich, que previamente le había pedido al Presidente desconocer el fallo, no estaba enterado de la instrucción de pagar a CABA con los bonos TX31. El gobernador Axel Kicillof, el otro delegado cristinista en la mesa de los gobernadores, no hizo referencia al polémico episodio durante la presentación del Operativo Sol realizada durante la víspera en Mar del Plata. Al parecer, tampoco apoyaría la propuesta presidencial.
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Los mandatarios del PJ mantienen un vínculo de desconfianza con el primer mandatario y por ello no lo incluyeron en la mesa política que comenzaron a articular con los popes de la CGT en la sede del CFI. De ese cónclave también participó el sanjuanino Sergio Uñac, considerado un “moderado” dentro del grupo de mandatarios peronistas, que hizo saber que aunque no coincide con el máximo tribunal en el beneficio otorgado a la CABA, los fallos judiciales “se deben acatar”. El gobernador peronista ayer compartió acto con Claudio “Chiqui” Tapia, el mandamás de la AFA que fue recibido en la provincia cuyana casi como un dignatario, y que luego visitó el santuario de la Difunta Correa en agradecimiento por el Mundial de Qatar.
En este contexto, en la sede gubernamental porteña de Parque Patricios nada cambió. Para Fernando Straface, secretario general del gobierno de Rodríguez Larreta, “el fallo dice que se debe llevar el porcentaje de Coparticipación de $1,40% a 2,95% y con un goteo diario desde el Banco Nación y eso no ocurre. No es algo reinterpretable. La postura inflexible del viernes y lo de hoy son dos caras de la misma moneda”.
En diálogo con este diario, el estrecho colaborador de Larreta dijo que “el Presidente también mezcla peras con manzanas cuando hace referencia a que usaron bonos para cumplir con una demanda de Santa Fe. Aquello era una deuda pasada y acá se trata de reiniciar un flujo (de dinero). Mientras siga así, se continúa incumpliendo lo demandado por la Corte”.
En el gobierno porteño consideran que el vuelco discursivo del Ejecutivo se produjo por la enorme cantidad de adhesiones de entidades empresarias del país e internacionales al reclamo de la capital federal por considerar que lo decidido por el Ejecutivo nacional tenía “implicancias en la seguridad jurídica”.
En Juntos por el Cambio hubo reacciones dispares sobre lo ocurrido. Mientras el bloque de la UCR en Diputados y Patricia Bullrich desistieron con las denuncias contra el jefe de Estado, los diputados de la Coalición Cívica confirmaron las presentaciones en la Justicia contra distintos funcionarios “porque hay delitos consumados”.
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