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El cine vivió una semana conmocionada: una protesta terminó con incidentes y determinó la salida del presidente del Instituto. ¿Qué pide cada actor del conflicto?
La protesta frente al INCAA terminó con detenidos
¿Qué pasa en el Incaa? Los incidentes de esta semana frente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales despertaron la pregunta entre quienes no venían siguiendo la situación de la industria cinematográfica nacional y de repente vieron irrumpir una oleada de reclamos y violencia policial en la pantalla de los canales de noticias.
Pero esa pregunta suscitó, como suele ocurrir en la agrietada Argentina, respuestas disímiles, opuestas. A continuación, intentamos ordenar el panorama.
El lunes diversos organismos de actores del cine convocaron a una marcha frente al Incaa. ¿Por qué? Los reclamos son múltiples: la falta de pantallas para la exhibición, la centralización de la producción y exhibición en AMBA y de la aplicación de la cuota de pantalla (que dictamina el porcentaje de cine nacional que debe verse en salas) son los más antiguos, a los que se sumaba la pandemia, que paralizó al sector en todo el mundo.
“Luego de cuatro años de políticas regresivas tendientes a favorecer a los núcleos más concentrados de la producción audiovisual argentina, la gestión de Luis Puenzo comenzó con un amplio apoyo de todo el sector y promesas de diálogo. Un año después, la situación no puede ser más distante a esa realidad”, señaló tras el primer año de pandemia el Colectivo de Cineastas, que enarbola el reclamo hace ya dos años.
Puenzo, efectivamente, había llegado a la presidencia del Incaa amparado por la comunidad del cine, que confiaba en el oscarizado cineasta para revertir la tendencia desfinanciadora de la anterior gestión. Sin embargo, en dos años de pandemia, el sector considera que no hubo auxilio económico ante la emergencia pandémica, y tampoco políticas concretas de reactivación, que faltaron, llegaron tarde o quedaron pendientes. La comunidad del cine, que incluso denunció retraso en los pagos, señaló que como reflejo de estos pendientes, el Incaa ni siquiera presionó para reabrir las salas, mientras teatros y recitales ya funcionaban.
Se podría argüir que en un contexto de crisis, y con las salas de donde proviene el mayor ingreso del Incaa cerradas, no había de dónde financiar al sector, pero allí es donde el cine nacional lanzó otro reclamo: en el marco de la emergencia, Puenzo tampoco aprovechó para impulsar el gravamen a las plataformas on demand, fortalecidas por la pandemia, algo que el mismo Puenzo veía como una suerte de actualización de la Ley de Cine de 1994 (que él mismo ayudó a escribir).
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Pero en dos años de gestión, Puenzo se mostró más cercano a estos gigantes globales, como apuesta de futuro, que de la producción independiente, y allí el reclamo más sonoro en la marcha del lunes: su gestión ha implicado la continuidad de la anterior gestión, repudiada por un amplio sector de la industria, en dos hechos clave, relativos al Fondo de Fomento Cinematográfico y los subsidios para el cine independiente.
En el primer aspecto, en 2017 Cambiemos sancionó la ley 27.432, que estableció reformas tributarias, donde se le puso fecha de vencimiento, el 31 de diciembre de 2022, al impuesto a las entradas al cine y al impuesto sobre los “videogramas grabados”, que alimentan el Fondo de Fomento Cinematográfico. La ley 27.432 no solo establece la eliminación de las asignaciones impositivas con las que se sostiene el Incaa sino también otros institutos públicos con los que se financian las producciones nacionales de teatro, música, radios y televisiones comunitarias, y las bibliotecas populares. Esos impuestos irían directamente al Tesoro Nacional, y entonces se le asignaría a cada instituto un presupuesto, a discreción.
En el segundo aspecto, en tanto, desde el Colectivo de Cineastas denuncian que Puenzo continuó las políticas del macrismo tendientes a que el apoyo del Incaa sea mayoritariamente para producciones con un capital privado grande, es decir, los respaldados por estudios y plataformas multinacionales. La modificación del plan de fomento durante el macrismo fue en esa dirección, endureciendo los requisitos para que una productora pueda acceder a fondos públicos, y aunque Puenzo prometió cambios, nunca se llevaron a cabo. Incluso, se filtró un decreto que pretendía determinar que el Incaa no reconozca el 100% de los costos de una película, lo que implicaba directamente la necesidad de grandes capitales privados para producir. “Es”, dicen desde el Colectivo, “una batalla por la soberanía audiovisual”.
Batlle, nuevo presidente
Buena parte del arco opositor responde a esa sentencia que en una Argentina en crisis, no debería gastarse en la producción de “películas que nadie ve”. El Incaa, además, atravesó la última década bajo sospechas de ser una usina adoctrinadora kirchnerista, que utilizaba fondos públicos para la creación de material de propaganda.
Ambos argumentos se entrelazaron en la discusión que mantuvieron Verónica Llinás y José Luis Espert en Twitter: el diputado afirmó que “al INCAA hay que cerrarlo, que sus ñoquis se busquen un trabajo digno” y que “los impuestos de los laburantes, están para las funciones indelegables del Estado. El cine, no lo es”; Llinás le respondió que justamente “el INCAA no se financia con ‘el hambre del pueblo’, sino que es un mecanismo de gestión autárquico generado por las ganancias del mismo cine. Esa autarquía, precisamente, es la que está a punto de desaparecer”, al caducar el fondo de fomento que se nutre de la venta de entradas que genera la propia industria.
Entonces, ¿se financia o no el cine con los impuestos de los argentinos? La Ley de Cine establece que el Fondo se compone del 10% de las entradas al cine, otro 10% de la venta de videos y/o DVD y del 25% de la recaudación del Enacom (no se establece gravamen a las plataformas, como ya fue explicado, aunque Daniel Lipovetzky presentó un proyecto para que un 10% de IVA a los usuarios de plataformas que nunca se trató). Es decir, buena parte del presupuesto parte del un impuesto a una actividad que la propia industria genera.
El Tesoro también, por otro lado, aporta al Fondo: en 2017 sumó 18% de los ingresos del organismo, aunque en los años subsiguientes el aporte del Estado se minimizó, según relató Liliana Mazure, productora de cine, ex presidenta del INCAA (2008-2013) y ex diputada nacional del Frente para la Victoria: hoy, afirmó, el Fondo representa “el 100% del presupuesto del INCAA”, con aportes del Tesoro “esporádicos y circunstanciales”.
La caducidad del Fondo, entonces, implicaría que el Estado sea desde entonces el encargado de financiar los institutos culturales, y entonces sí competirían las artes con otras áreas necesitadas de forma urgente de capital.
Con estas preguntas se acercaron manifestantes del cine al Incaa el lunes pasado, en una manifestación que terminó en incidentes por enfrentamientos con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que se acercó del lugar sobre el final de la protesta e intentó evitar el corte de calle.
“Fue un operativo desmesurado, la policía trajó a Infanteria para liberar el carril y se liberó. Después hubo una provocación”, señaló Alejandro Rath, director de “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”.
Los incidentes de la marcha del lunes desataron un fuerte debate en torno al cine nacional
Entre los detenidos durante la movilización, la Asociación Trabajadores del Estado citó al platense Agustín Ríos, Manuel Alam y Andrés Martiervich, los tres estudiantes de la Enerc, mientras que desde Documentalistas Argentinos añadieron al cineasta Juan Mascaró, quien preside esa organización.
La manifestación terminó con la llegada del ministro de Cultura, Tristán Bauer, que prometió cambios en el Incaa y repudió la represión policial.
El primer cambio que provocó la protesta fue la salida de Puenzo de la presidencia del Incaa.
Bauer mantuvo el martes por la tarde una extensa reunión con Puenzo en el Centro Cultural Kirchner, y por la noche se dispuso su cese en la función, en un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, que determinó el cese de funciones del cineasta, quedando el vicepresidente Nicolás Batlle al frente del organismo “en ejercicio de la presidencia, con el objetivo de dar atención inmediata a la resolución de los temas urgentes del Instituto”.
Esta historia, de todos modos, continuará…
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