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Armas en manos de menores, algunos de ellos de muy baja edad, que las utilizan para amenazar o disparar a sus víctimas en los actos delictivos que cometen; mayor uso de armas de fuego en los delitos perpetrados por delincuentes de poca o mucha monta; armas con las que se dispara a adultos mayores que ni siquiera atinan a ofrecer resistencia; armas también para dirimir litigios menores de naturaleza familiar o para resolver conflictos circunstanciales, causados, por ejemplo, por cuestiones de tránsito. La verdadera profusión de armas, la extraña facilidad con que mucha gente accede a ellas, debiera causar alarma en la sociedad.
Un repaso a las crónicas policiales de los últimos años permite comprobar la alarmante y profusa presencia de armas en manos de la población, que deja el penoso saldo de personas muertas o heridas, en una situación que pone en evidencia la necesidad de que las autoridades y la población definan si pretenden encaminarse hacia una superior calidad de vida o si, por el contrario, permitirán que impere una regresiva ley de la selva.
Hace ya muchos años que las víctimas de delitos como, por ejemplo, los asaltos en la vía pública, dejaron de ser arrebatos, para convertirse muchos de ellos en episodios teñidos por una violencia inaudita, con el uso de armas que no sólo se esgrimen sino que se disparan contra las víctimas.
Y si bien nunca debiera ponderarse la “necesidad” de hacerlo -ya que el sólo hecho de robar es punible- en los últimos tiempos los delincuentes matan o hieren a personas que no les habían ofrecido ninguna oposición. Matan acaso por placer, por la existencia de una suerte de cultura disvaliosa o, también, por la incidencia de las drogas que sirven como combustible para la ola delictiva reinante.
No importa quién: mujeres embarazadas, niños de corta edad, policías, choferes de ómnibus, peatones que transitaban por las veredas, ancianos que no opusieron resistencia alguna a quienes los asaltan o vecinos pacíficos resultan ser víctimas del desenfreno armado que reina en las calles.
En lugar de ver que se perfeccionan objetivos que hagan a una mejor convivencia y a restablecer un nivel de seguridad mínimo, la población se encuentra cada día más atemorizada por una ola delictiva que se caracteriza por su creciente violencia, con delincuentes -algunos de ellos de muy corta edad- fuertemente armados. No pocos de ellos, tal como bien lo sabe y sufre la Policía, provistos de armas de guerra, de reciente diseño y con un elevado poder de fuego.
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Está claro que definir un programa eficaz, no declamativo, que apunte a desarmar a la población -muy especialmente a quienes las esgrimen para delinquir- es una tarea urgente e imperiosa.
Por ahí debe pasar, sin lugar a dudas, una de las acciones fundamentales del combate contra la inseguridad y el accionar delictivo.
Han existido experiencias muy positivas de desarme de las poblaciones en el mundo. Son modelos a los que de prestársele una especial atención para aplicarlos en el ámbito bonaerense.
La tarea debiera ir acompañada -si se quiere, fundamentada- por planes de integración de los menores y jóvenes que, lamentablemente, protagonizan hoy numerosos y violentos actos delictivos.
Muchos problemas tan delicados y complejos se empiezan a resolver, a veces, con fórmulas tan sencillas como integrarlos a actividades deportivas.
Se trata también de propender a una capacitación y a una cultura de vida que les permita a esos jóvenes acceder de manera más calificada al cada más competitivo mercado laboral, integrándose así a la sociedad.
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