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Cuarenta años constituyen el periodo más prolongado en la historia de nuestro país en que ha regido la Constitución Nacional. La ciudadanía ha ejercido plenamente el derecho a elegir a sus gobernantes y tuvieron vigencia principios esenciales de la democracia, como la independencia del Poder Judicial.
Se trata de un sistema frágil, pero que ha resistido crisis políticas y económicas, porque los argentinos hemos comprendido que posibilita la pacífica evolución de la vida social hacia el desarrollo y el bienestar.
Las experiencias del pasado de autoritarismos y dictaduras generaron una madurez de la ciudadanía, que lamentablemente no han tenido las élites.
El crecimiento de la pobreza y hasta de la miseria es una responsabilidad compartida no solo por los políticos, también por empresarios, intelectuales y, como se ha señalado desde esta columna, también incluye a las dirigencias de todos los sectores.
El sectarismo y la corrupción han provocado graves daños en el tejido social y las correcciones necesarias son una posibilidad cierta que ofrece el orden constitucional.
Las elecciones dan la oportunidad de cambiar o renovar los gobernantes que administran el Estado, que en la Argentina tienen una desmesurada gravitación en la vida de la población.
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El desarrollo económico y una menos imperfecta distribución de la riqueza se están logrando en las naciones que adoptaron el sistema democrático. Los otros países en los que bajo la promesa de rápidas transformaciones se impusieron dictaduras, sacrificaron la libertad en beneficio de minorías que se privilegiaron a sí mismas desde el poder.
La fortaleza de nuestras instituciones sigue posibilitando que las frustraciones y el desasosiego se canalicen a través de las urnas. Pero la declinante participación ciudadana en los últimos comicios constituye un llamado de atención que no puede ser ignorado.
Es de esperar que las dirigencias de los diferentes partidos políticos puedan establecer acuerdos mínimos para dar cierta continuidad a los aspectos más importantes de los planes para el desarrollo económico. El próximo gobierno, más que designar ministros a miembros de otros partidos, debería intentar establecer consenso alrededor de planes siquiera para el mediano plazo.
La falta de continuidad y de garantías ha desanimado incluso a los administradores de capitales argentinos y por supuesto de los extranjeros.
La lógica de considerar al adversario como enemigo ha producido desencuentros que pudieron evitarse.
La defensa de la democracia impone abandonar sectarismos y una conducta regida por valores éticos cuyo respeto debe demostrarse diariamente con la transparencia en todos los actos de los gobiernos.
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