Proponen revisar las normas previsionales y que no haya moratorias

El nuevo gobierno debería apuntar a respetar los actuales derechos de los jubilados, pero no habilitar nuevas moratorias y revisar el régimen de pensiones, además de las normas previsionales “para que sean cumplibles en el futuro”, según un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

La Libertad Avanza, designó como nuevo director de la ANSeS, a Osvaldo Giordano, actualmente ministro de Finanzas en Córdoba, donde previamente había ocupado el cargo de secretario de Previsión Social y fue presidente de IDESA, que sostiene como necesario “ordenar” el sistema previsional.

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) estuvo presidido desde 2003 hasta 2006 por Giordano.

El instituto propone respetar los derechos adquiridos de los ya jubilados, pero no seguir renovando las moratorias y en su lugar mejorar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

También propone “revisar el régimen de pensiones para los convivientes; establecer un mecanismo gradual para que todos los tratamientos especiales converjan a las reglas generales; contemplar la actualización automática y periódica de los parámetros del sistema a la dinámica demográfica”.

En un informe IDESA, sostuvo que se debe “adaptar las normas previsionales para que sean cumplibles en el futuro”.

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“Esto no solo es decisivo para lograr una macroeconomía sana, sino también para darle previsibilidad a los trabajadores activos sobre cuáles serán sus derechos cuando lleguen a la edad de retiro”, agrega el informe.

“Dicho de otra manera, no caer nuevamente en la tentación de aplicar ajustes para lograr impactos de corto plazo sino revisar las reglas jubilatorias para que en el futuro sean cumplibles”, señalan.

Añadió que en el 2017 el gasto en jubilaciones ascendía a 8% del PBI con una tasa de inflación promedio anual de 27%, mientras que en el 2022 la tasa de inflación promedio anual fue del 72% y el gasto en jubilaciones cayó a 6,3% del PBI.

“Es muy difícil sostener un plan de estabilización si las erogaciones previsionales recuperan ese 1,7% del PBI que se licuó en los últimos 6 años”, sostiene el informe.

En el texto se advierte que, de continuar con el trazado de “desorden” que muestra el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y aún sin incluir regímenes especiales y diferenciales, para 2035 demandará recursos de hasta el 7,5% del PBI y 8,5% una década más tarde.

“Estos datos muestran que, aún recuperando el crecimiento económico (las proyecciones asumen un crecimiento de 3% acumulativo anual), con las reglas previsionales actuales el gasto previsional tiende a crecer, aún suponiendo que no se siguen renovando las moratorias”, alertó IDESA.

Entre las propuestas del Instituto figuran no seguir renovando las moratorias que permite a las mujeres de 60 años y varones de 65 años que no tienen 30 años de aportes jubilarse, deduciendo del haber previsional la deuda por los meses o años de moratoria.

También impulsa mejorar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que permite a mujeres y varones a los 65 años jubilarse con el 80% del haber mínimo, sin derecho a la pensión.

Con una escasa articulación y convivencia operatoria paralela con 13 cajas provinciales; 29 municipales; 82 de profesionales, 2 de bancos públicos y las restantes complementarias, estas últimas muestran para el instituto “reglas más beneficiosas” y, dentro de ellas, “la existencia de regímenes especiales”.

Esa fragmentación genera información “dispersa e insuficiente, tratamientos diferentes para personas en iguales situaciones, arbitrariedades y litigiosidad masiva”, precisa el reporte que evidencia que la Argentina es de los “pocos países” que tiene una rama especializada del Derecho y una institucionalidad judicial específica para tratar juicios previsionales.

Una particularidad que subraya Idesa es que los beneficios jubilatorios son derechos vitalicios cuya actualización está protegida en la Constitución Nacional: “Por lo tanto, las decisiones en materia previsional generan compromisos financieros para el Estado con impacto en el largo plazo”, sostiene.

La entidad propone revisar el régimen de pensiones en el que hoy los cónyuges o convivientes, aunque estén jubilados, tienen derecho a cobrar la pensión por fallecimiento del titular.

Entre las medidas que impulsa IDESA figura también establecer un mecanismo gradual para que los regímenes especiales converjan a las reglas generales.

Actualmente, rigen regímenes diferenciales que permiten jubilarse con menos de 60 años por tareas insalubres o con el 82% del sueldo en actividad a cambio de aportar 2 puntos más durante la etapa activa: 13% en lugar del 11%, como en el sector docente, Poder Judicial y sistemas insalubres en muchas otras actividades, como minería, siderurgia, y otras

Los beneficios jubilatorios son derechos vitalicios protegidos en la Constitución