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Los jóvenes no son responsables por su situación y llevarlos al fracaso es un grave error
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Raúl Kraiselburd | Director de EL DIA
La ineficiencia también es notoria en la industria y el comercio. La excepción, el sector agrario que a través de los años incorporó tecnología y aumentó su producción, pese a una enorme carga impositiva y costos como el de transporte, mucho mayores que en otros países. El campo incluso logró sobreponerse a los mayores fletes que las exportaciones argentinas deben afrontar debido a la lejana distancia en relación a países con los que se compite con los mercados que demandan alimentos.
Las responsabilidades por el estancamiento son compartidas por todas las élites: empresarias, políticas, intelectuales y, por supuesto, gremiales. Un factor que no puede ignorarse es la corrupción, que encarece todo notablemente y sobre la cual no hay cálculos.
Las Universidades Nacionales no escaparon a esta pandemia, que causa la falta de valoración del esfuerzo y que no afecta únicamente a los llamados “planeros” y a las generaciones más jóvenes. Los centros de estudios superiores argentinos han posibilitado que en nuestro país haya 557 estudiantes universitarios cada 10 mil habitantes, pero sólo 31 profesionales cada 10 mil habitantes, según todas las estadísticas disponibles. Mientras que Brasil, con 488 jóvenes en las universidades cada 10 mil habitantes, supera a nuestro país con 71 graduados cada 10 mil. Esa misma situación se manifiesta en relación a Chile, que con 355 alumnos tiene 51 egresados cada 10 mil habitantes.
Por supuesto que eso significa un gasto absolutamente improductivo en lo social porque, además de ser una frustración para miles de jóvenes que ingresan a las casas de altos estudios sin apreciar la importancia del esfuerzo personal del cual no son responsables las escuelas, tampoco tienen la preparación adecuada y están condenados al fracaso como educandos.
En algunos debates se ha planteado que el presupuesto de las casas de estudios en relación a la cantidad de alumnos es muy reducido, cuando en realidad debería calcularse el costo por graduado. Teniendo en cuenta los escasos recursos con los que se dispone y que la enseñanza pública es una inversión a la que aportan todos los habitantes del país -hasta los más carenciados que deben pagar IVA o facturas de servicios que tienen incluidos impuestos-, las casas de altos estudios y todo el sistema educativo deben cambiar, porque el papel de guardería de muchachos de 18 a 22 años a los cuales se los clasifica de “ni-ni” es negativo, tanto para esos jóvenes como para la sociedad en su conjunto, que se hace cargo de los enormes gastos que significan miles de estudiantes en primer y segundo año de las carreras que luego abandonan.
Aún partiendo del objetivo social y del significado para los individuos que implica la Universidad, ese gasto es injustificable.
A eso hay que agregar la cuestión de los extranjeros que acceden gratuitamente, como en ninguna otra nación, y sobre lo cual se ha lanzado la teoría de que significan un ingreso económico para el país en su conjunto por los gastos en que incurren de otros países.
Algunos directivos de las universidades sostienen que ello le da al país una influencia cultural significativa. Sin embargo, esos fondos aplicados a becas para argentinos, desde el punto de vista social e individual, serían un aporte positivo y una forma de enfrentar la desigualdad económica que se acentúa por la imposibilidad de estudiar. Además, porque los sectores carenciados, como ya se ha dicho, contribuyen con los impuestos que pagan por el consumo de electricidad o las compras de alimentos u otros artículos de primera necesidad.
Cualquier auditoría que se realice sobre los gastos e ingresos de las universidades debe atender también a estos problemas, que inciden en la calidad de la enseñanza por la cantidad de alumnos que debe ocuparse cada catedrático y por las instalaciones que requieren la enorme cantidad de educandos en el primer y segundo año de las carreras, y que afectan también los salarios de los docentes, y en muchos casos, han causado la casi desaparición del ejercicio práctico de la ciencia que estudian. Tal como ocurre con la facultad de Medicina de La Plata.
Todos estos conceptos pueden ser considerados como parte de limitaciones inspiradas en un pensamiento conservador. Sin embargo, la inversión en las universidades, que resulta escasa y es hecha por todos los argentinos, debe dejar algún beneficio en el campo de la salud, la alimentación y también en la educación.
Sobre todo en el enorme porcentaje de argentinos que viven en la miseria y reciben, en muchos casos, una enseñanza que no les posibilita la comprensión de textos o la realización de operaciones matemáticas elementales.
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