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Una serie de entidades organizó una excursión vecinal para defender el patrimonio forestal de la Región y en esta oportunidad se concentró en la plaza 19 de Noviembre, de 25 y 44, en la que participaron especialistas en el tema, ambientalistas y un numeroso grupo de vecinos, tal como se detalló en este diario.
Fue la segunda jornada impulsada por esas mismas entidades que, ahora, eligió como lugar de encuentro a “esta plaza que es la única que cuenta en su centro con un monumento natural: un jacarandá plantado justamente el 19 de noviembre de 1982, con motivo de la celebración de los 100 años de La Plata”, se indicó.
Ya sea a través del aporte de agrónomos y otros especialistas, de entidades de defensa del árbol y de grupos barriales, se están desplegando campañas en defensa del patrimonio forestal de la Región. Se trata de una acción tan necesaria en estos tiempos, en el contexto de las exigencias ambientales cada vez más agudizadas por el aumento de distintos tipos de contaminación. Aunque lo cierto es que, paradójicamente, el arbolado público se ve sometido en las últimas décadas a verdaderos ataques, especialmente en nombre de un mal llamado progreso.
Hace ya mucho tiempo que en barrios y localidades de la Región, alcanzados por la expansión demográfica que se refleja en la construcción de numerosos dúplex y de diversos asentamientos, se puede advertir que el primer trabajo que precede a muchos de esos emplazamientos se refleja en la extracción de los árboles de la vereda, que incluye a ejemplares que no obstaculizarían luego la entrada o salida de ningún garaje.
Al mismo tiempo se observa una creciente permisividad para las podas mutilatorias, que dejan tan sólo a salvo el tronco y el inicio de unas pocas ramas principales. Asimismo, al construirse viviendas para una familia, es también común que la ejecución de los trabajos empiece por la tala o la poda mutilatoria de ejemplares plantados en la vía pública que, como se sabe, pertenecen al dominio público y no al privado.
La ley provincial 12.276 define en su artículo primero como público a aquellas “especies arbóreas y arbustivas instaladas en lugares del área urbana o rural, municipales y provinciales, sitas en el ejido del Municipio y que están destinadas al uso público, sin tener en cuenta quién y cuándo las hubieren implantado. Pasado en limpio, habla de veredas, ramblas, plazas, parques bulevares, bosques y otros espacios de uso común.
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El art. 2 obliga a los municipios a que “presenten anualmente un plan de forestación y/o reforestación”. Asegurándose luego su debido “manejo y conservación”. Y el art. 3 de la misma ley dice literalmente: “Prohíbese la extracción, poda, tala y daños de ejemplares del arbolado público, como así también cualquier acción que pudiera infligir algún daño a los mismos”.
Ese principio se ajusta a los siguientes conceptos incluidos como incisos en el artículo: a) Se entiende por extracción la acción de desarraigar los ejemplares del lugar de plantación; b) Se entiende por poda el corte de ramas que se separen definitivamente de la planta madre; c) Se entiende por tala, la eliminación de la copa por cortes efectuados en el tronco a distintas alturas. d) Se entiende por daño, la poda de raíces, las heridas, aplicación de sustancias tóxicas, quemaduras por fuego, fijación de elementos extraños y todo tipo de agresión que altere el desarrollo de los ejemplares en forma normal o cause la muerte”.
Muchos municipios de la Provincia desoyen este mandato legal y, es más, lo ignoran olímpicamente, tal como también lo hacen algunos vecinos que se consideran con autoridad para decidir sobre la suerte de árboles que pertenecen a la sociedad. De modo que la llamada masa superior de los árboles -integrada por ramas y su follaje- suele ser agredida con podas drásticas, cuando no, con la extracción total del árbol, según el arbitrio de un particular.
Podas mutilatorias, extracciones inconsultas de ejemplares, falta de un censo actualizado, escasas y además erróneas plantaciones de especies: lo que viene sucediendo es lo contrario de lo que hace falta. Es de esperar que la Ciudad vuelva a ser, con su política forestal, un ejemplo de calidad colectiva de vida para este presente y el futuro.
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