Nación y provincias: el escenario para la discusión de reformas

Con tres trimestres del año completados, el panorama fiscal argentino muestra una clara divergencia entre la situación de la Nación y la de varias provincias. El Gobierno nacional sostiene un superávit financiero robusto, mientras que en las jurisdicciones subnacionales comienzan a evidenciarse señales de agotamiento, déficits crecientes y una relajación del gasto asociada al ciclo electoral.

A septiembre de 2025, el superávit financiero nacional alcanzó los $3,6 billones medidos en valores constantes, prácticamente el mismo nivel que el registrado en igual período de 2024. El resultado primario superó los $8 billones, aunque exhibió una caída cercana al 17% respecto del año pasado.

Este desempeño aparentemente contradictorio —donde el saldo financiero se mantiene estable pese al deterioro del primario— se explica por un recurso cada vez más utilizado: los instrumentos de deuda capitalizable emitidos en el mercado local. Estos títulos no pagan intereses durante su vigencia, sino que trasladan el costo hacia el momento de la amortización. Al no devengar intereses corrientes, reducen artificialmente el gasto “arriba de la línea” y permiten sostener el superávit financiero.

Aunque esta dinámica genera debate entre los especialistas sobre la sostenibilidad a largo plazo, lo cierto es que el Gobierno logró transitar un año electoral con las cuentas ordenadas. Esto no es menor en un país donde los procesos electorales suelen disparar el gasto y comprometer la estabilidad fiscal.

Expectativas, mercados y poder político

La recomposición de la escena política tras las elecciones legislativas modificó el clima económico. Durante 2025, se había instalado entre analistas y actores del mercado la duda sobre la capacidad del Ejecutivo para sostener el equilibrio fiscal mientras enfrentaba presiones parlamentarias y el intento de perforación presupuestaria por parte de sectores opositores.

Sin embargo, el resultado electoral produjo un viraje. Con un Congreso más equilibrado y una mayor presencia de legisladores afines, el Gobierno obtuvo un margen político inesperado. Ese cambio se tradujo, inmediatamente después de los comicios, en fuertes subas en los mercados financieros locales, una caída del riesgo país y una mejora en el precio de los activos argentinos.

LE PUEDE INTERESAR

El empleo formal cayó 2,8% y se perdieron más de 276 mil puestos en la era Milei

LE PUEDE INTERESAR

Monotributo: advierten por fallas y reclaman una reforma profunda

Los analistas coinciden en que, si se mantiene la disciplina fiscal, el país puede ingresar en un período excepcional para consolidar la estabilización macroeconómica. El acceso al financiamiento externo, casi vedado desde hace años, podría volver a discutirse con mayor realismo si se sostienen los resultados fiscales y mejora la percepción de gobernabilidad.

El tablero provincial: de la solidez al desgaste

A diferencia del Gobierno nacional, que logró sostener el equilibrio, el escenario provincial se volvió más complejo. La importancia del sector público subnacional en el esquema fiscal argentino es central: las provincias representan cerca del 40% del gasto público consolidado y manejan áreas sensibles como salud, educación y seguridad.

Cuando el actual Gobierno asumió en 2023, las cuentas provinciales lucían notablemente más sólidas que las nacionales. Ese año, 14 de las 24 jurisdicciones registraron superávit primario. Un año después, en 2024, ese número trepó a 20 de 23 provincias con datos disponibles, gracias al acompañamiento de los gobiernos locales en la consolidación fiscal.

Pero esa tendencia se quebró en 2025. El superávit primario provincial —medido en pesos constantes— retrocedió a niveles similares a los de 2023. La mejora lograda en 2024 desapareció por completo. Esto se explica, en parte, por un fenómeno recurrente: la ampliación del gasto en años electorales, tanto en inversiones como en salarios y programas territoriales.

Esa relajación generó situaciones de alerta. En el primer semestre de 2025, nueve provincias mostraron déficit. Los casos más críticos fueron Tierra del Fuego, Corrientes, Chaco y Buenos Aires —esta última con déficit persistente desde el inicio de la gestión—.

Por el contrario, algunas jurisdicciones lograron mantener resultados sólidos: CABA, Mendoza, Córdoba, Jujuy, Santiago del Estero, Salta, San Luis y San Juan. La falta de información impide incorporar a La Pampa y Neuquén al diagnóstico.

Gobernadores bajo presión: de la comodidad a la urgencia

El deterioro fiscal alteró la relación entre Nación y provincias. En 2023, el Gobierno nacional asumió con escaso poder político, mientras que las provincias tenían cuentas relativamente ordenadas, lo que les otorgaba un margen de negociación amplio.

Hoy el cuadro es diferente. Con un Gobierno fortalecido y provincias con mayores necesidades financieras, la capacidad de negociación cambió de manos.

La semana posterior a las elecciones ofreció una imagen reveladora: la mayoría de los gobernadores acudió rápidamente a la Casa Rosada para reunirse con el presidente y su gabinete. Una foto impensada pocas semanas antes y difícil de imaginar sin el deterioro fiscal y el nuevo equilibrio político.

Para el Ejecutivo nacional, este contexto implica una oportunidad, pero también un desafío. Construir una coalición estable que permita aprobar reformas clave sigue siendo una tarea pendiente. A diferencia de 2023, el Gobierno ya no puede darse el lujo de subestimar el peso político de las provincias.

Presupuesto, reformas y responsabilidad fiscal

El primer gran test para este nuevo escenario será la discusión del Presupuesto 2026. Con un Congreso más favorable y gobernadores más urgidos por asistencia, el Gobierno tendría mayores chances de aprobar un plan de gastos sin sobresaltos, siempre que mantenga cohesión política interna.

La agenda del próximo año, además, incluye la presentación de una reforma laboral —pospuesta desde 2024— y una reforma tributaria orientada a simplificar el sistema y mejorar la competitividad. Ambos proyectos requieren acuerdos amplios con bloques legislativos y con gobernadores, ya que afectan directamente a las finanzas provinciales.

Los analistas coinciden en que la sostenibilidad futura del equilibrio fiscal depende tanto de la continuidad del orden macroeconómico como de la calidad de los acuerdos políticos. En términos simples: la Argentina enfrenta un “momento bisagra” donde el resultado dependerá tanto de la disciplina económica como de la capacidad de construir gobernabilidad.

La evolución de las negociaciones durante los próximos meses será determinante para definir el acceso a los mercados financieros, la competitividad de la economía y la estabilidad del sistema fiscal argentino.

Nota: publicado en la revista Indices de Coyuntura de la consultora FIEL