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A más de 30 años del ataque que dejó 85 muertos, la Justicia argentina ratificó la aplicación de la Ley 27.784. Los acusados podrán ser juzgados sin estar presentes en el país
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La Cámara Federal porteña confirmó la realización de un juicio en ausencia contra los ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber planificado y ejecutado el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994. El fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, ratifica la decisión del juez federal Daniel Rafecas y abre el camino para que la Unidad Fiscal AMIA impulse la elevación del expediente a juicio oral y público.
Los imputados son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Sobre todos ellos pesan pedidos de captura internacional y alertas rojas de Interpol que permanecen vigentes desde 2006, cuando el fiscal Alberto Nisman los señaló formalmente como responsables.
La investigación sostiene que la decisión de atacar la mutual judía fue tomada por las máximas autoridades de la República Islámica de Irán y ejecutada por la organización Hezbollah.
El juicio en ausencia se ampara en la Ley 27.784, sancionada por el Congreso en 2023, que permite avanzar en procesos penales aun sin la presencia física de los imputados en el país. Se trata de una herramienta excepcional, destinada a delitos de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos y actos de terrorismo.
La defensa oficial de los acusados había planteado la inconstitucionalidad de la norma por considerar que vulnera el derecho de defensa y el principio de legalidad. También algunas querellas expresaron reparos, advirtiendo que podría derivar en un cierre “forzado” de la causa. Sin embargo, los camaristas rechazaron esos argumentos.
En su voto, el juez Irurzun explicó que no existen motivos para descalificar constitucionalmente el sistema: “Se trata de una herramienta excepcional que busca remover los obstáculos formales y garantizar compromisos internacionales asumidos por la Argentina”.
Por su parte, Llorens señaló que el atentado a la AMIA “constituye uno de los hechos de máxima gravedad del terrorismo internacional en nuestro país” y que la Ley 27.784 “puede ser el instrumento que coloque, al fin, en el centro de la escena a los culpables del atentado terrorista más grave de nuestra historia”.
Tras más de 30 años de investigaciones, dilaciones y falta de cooperación internacional —Irán respondió solo uno de los 17 exhortos diplomáticos enviados—, el fallo marca un hito para avanzar hacia un juicio oral.
Para los familiares de las víctimas, la decisión judicial representa un paso hacia la verdad y la reparación: “Las víctimas y sus allegados vieron lesionado su derecho a la verdad con el transcurso del tiempo”, recordó Llorens.
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