Sur Finanzas: órdenes para borrar pruebas y una negociación clave

El Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, ofreció acuerdos de colaboración a los cuatro empleados de Sur Finanzas detenidos por presunta destrucción de pruebas y encubrimiento en la causa que investiga maniobras de lavado de activos y evasión fiscal vinculadas a la financiera relacionada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y con su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

A los imputados se les informó la posibilidad de acogerse al régimen del “imputado colaborador”, que prevé reducción de pena a cambio de aportar información relevante para esclarecer delitos graves. Ninguno rechazó la propuesta y manifestaron que la analizarán con sus abogados.

Según consta en el expediente, los detenidos reconocieron la existencia de mensajes vinculados a órdenes para borrar información, limpiar computadoras y retirar equipos ante los allanamientos realizados el 1 de diciembre de 2025. Esos chats fueron incorporados a la causa, leídos en indagatoria y no negados por los imputados.

La investigación judicial sostiene que existió un plan interno para ocultar registros digitales y frustrar el avance del operativo sobre la estructura financiera investigada, presuntamente utilizada para maniobras de lavado vinculadas al entorno empresarial ligado al fútbol argentino.

Entre las comunicaciones analizadas figuran pedidos para “borrar planillas”, “limpiar computadoras” y desconectar programas de los sistemas de las sucursales. Para la Justicia, esos mensajes evidencian intentos de entorpecer la investigación.

Peritos judiciales trabajan sobre el material informático secuestrado en 14 allanamientos simultáneos, donde se incautaron computadoras, discos externos, teléfonos celulares, DVR de cámaras de seguridad y documentación contable.

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Los detenidos son Juan Miguel Soler, técnico informático; César Zapaia, oficial de cumplimiento; Daniela Sánchez, secretaria privada del empresario Ariel Vallejo —ya imputado en la causa—; y Rolando Soloaga, jefe de seguridad.

Soler y Zapaia reconocieron intercambios de mensajes relacionados con pedidos de limpieza o eliminación de datos, aunque intentaron relativizar su alcance. Sánchez y Soloaga optaron por no declarar.

Según la resolución del juez, los imputados habrían tenido un “alto grado de participación” en maniobras destinadas a ocultar pruebas, lo que incrementa el riesgo de fuga y de entorpecimiento probatorio. Por ese motivo continúan detenidos.

Allanamientos y pruebas acumuladas

Los procedimientos permitieron secuestrar una gran cantidad de dispositivos electrónicos, dinero en efectivo en distintas monedas, documentación financiera y elementos vinculados a empresas relacionadas con la operatoria investigada.

Las pericias digitales buscan reconstruir comunicaciones internas, movimientos financieros y posibles responsabilidades jerárquicas dentro del grupo empresarial. La causa se originó tras una denuncia de la Dirección General Impositiva por una presunta evasión superior a los 3.300 millones de pesos.

Con los chats incorporados al expediente y el análisis técnico en curso, el juez deberá resolver la situación procesal de los imputados y definir si alguno se acoge formalmente al régimen de imputado colaborador.

Para los investigadores, esa decisión podría ser clave para avanzar sobre niveles superiores de la estructura investigada y determinar responsabilidades dentro de la financiera vinculada al entorno de la AFA.

Mientras tanto, la causa continúa acumulando evidencia sobre lo que la fiscalía considera un intento coordinado de borrar pruebas en pleno operativo judicial.