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La medida, que no se aplicaba desde 1967, permitirá formalizar la propiedad en la zona bajo control militar. Críticas por su posible impacto en comunidades palestinas
Agricultores palestinos en el norte de Cisjordania, donde ya flamean banderas israelíes / AFP
El Gobierno de Israel aprobó reabrir el proceso de registro de tierras en la Cisjordania ocupada, una medida que no se aplicaba desde la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando Israel tomó el control del territorio.
Según el Ministerio de Justicia, el objetivo es inscribir de forma definitiva amplias superficies a nombre del Estado israelí, lo que supone un cambio de gran alcance legal y político en una de las zonas más sensibles del conflicto.
La iniciativa se centrará en el Área C, que representa cerca del 60 % de Cisjordania y permanece bajo control administrativo y militar israelí, tal como establecen los Acuerdos de Oslo.
Las Áreas A y B, en cambio, están administradas total o parcialmente por la Autoridad Palestina. Para el ministro de Justicia, Yaariv Levin, la decisión constituye una “revolución” destinada a reforzar el control sobre lo que sectores nacionalistas denominan Judea y Samaria.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, colono y figura clave del ala dura del Gobierno, celebró la medida como parte de la expansión de asentamientos y afirmó que permitirá restaurar “orden y gobernanza” en la gestión territorial.
En la misma línea, el ministro de Defensa, Israel Katz, sostuvo que se trata de un paso esencial para garantizar la seguridad y la libertad de acción del Estado y del Ejército en la zona.
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Tras la guerra de 1967, Israel había suspendido los procedimientos de titularidad al considerar que podrían contravenir el derecho internacional, que regula las obligaciones de una potencia ocupante.
El registro, conocido como “liquidación de títulos”, ya había sido utilizado durante el Mandato Británico y posteriormente bajo administración jordana para clarificar la propiedad de la tierra y dejar constancia en el registro oficial -el llamado “tabú”- de forma permanente.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos alertan de que este proceso es prácticamente irreversible. La ONG israelí Yesh Din sostiene que crea derechos de propiedad absolutos, propios de un régimen soberano y no de una ocupación temporal.
Por su parte, Peace Now advierte que podría provocar un “despojo masivo” de tierras palestinas en el Área C y consolidar una anexión de facto, al transferir la titularidad a manos del Estado israelí o de ciudadanos israelíes.
Expertos señalan además que formalizar la propiedad complicaría enormemente cualquier futura negociación basada en la solución de dos Estados, ya que revertir las inscripciones requeriría complejos procesos legales y elevados costos políticos.
Para los palestinos, la medida alimenta el temor a perder tierras agrícolas y comunidades enteras.
La decisión se produce en un contexto de creciente tensión en los territorios ocupados y podría tener efectos duraderos sobre el terreno.
Mientras el Gobierno israelí la presenta como una herramienta para reforzar el control y la seguridad, sus críticos sostienen que profundiza la disputa y aleja aún más las perspectivas de un acuerdo de paz estable entre israelíes y palestinos.
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