Denuncias cruzadas en un puerto bonaerense

El más importante puerto bonaerense, el de Dock Sud, quedó atrapado entre tres problemas que amenazan su operatoria: el gobierno nacional le reclama judicialmente el pago de obras de dragado, el Municipio de Lanús lo demandó por el desgaste de la infraestructura vial y la presidenta del Consorcio, Mónica Litza, frenó la adjudicación para profundizar el canal de acceso.

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, denunció en la Justicia civil a la terminal de contenedores Exolgan S.A. y al conjunto de empresas que operan en el puerto bonaerense de Dock Sud por los daños que, según sostuvo, provoca el tránsito pesado sobre la infraestructura vial municipal.

Ubicado en Avellaneda, Dock Sud es un nodo logístico estratégico: moviliza el 95% de la carga contenerizada de la provincia de Buenos Aires y concentra más del 40% del total nacional, lo que lo convierte en una pieza clave para el comercio exterior argentino.

Álvarez presentó la denuncia en el fuero Civil y Comercial del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. En su planteo responsabiliza por daños a operadores como Exolgan, YPF, Raízen, Terminal TAGSA y Loginter, entre otras firmas, y reclama un resarcimiento económico que compense los perjuicios acumulados en los últimos cinco años.

El jefe comunal exige, además, “un plan de inversión para mitigar el deterioro continuo que producen los camiones de gran porte y tonelaje que acceden a la terminal por las avenidas municipales”.

Álvarez también solicitó “la urgente e inmediata suspensión de las obras de ampliación del muelle N° 3 de la terminal Exolgan, perteneciente al holding International Trade Logistics (ITL)”.

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La avanzada judicial se inscribe en un reclamo más amplio por la distribución de los ingresos que genera el puerto. Tanto Lanús como Quilmes sostienen que Dock Sud produce ganancias millonarias para las empresas concesionarias, pero genera externalidades negativas que deben afrontar los municipios linderos sin recibir una compensación acorde.

En ese esquema se inscribió también la intervención de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial. El reclamo por fondos compensatorios derivó en un capítulo más de la interna del oficialismo bonaerense.