Universidades se llevan el 60% del presupuesto anual de Capital Humano

Un informe de la Fundación Libertad y Progreso hizo foco en el financiamiento universitario, en un contexto en el que en la semana se realizó un paro universitario. Entre los datos más significativos, expone que el 60% del presupuesto del Ministerio de Capital Humano está destinado al sistema universitario nacional, mientras que sólo el 4% del presupuesto está destinado a niñez y primera infancia.

“Argentina exhibe uno de los sistemas universitarios más amplios de América Latina, con una fuerte tradición de acceso y gratuidad. Sin embargo, detrás de esa expansión persiste una tensión cada vez más visible: ingresan muchos estudiantes, pero se gradúan relativamente pocos, incluso medido en término de habitantes. Mientras el financiamiento estatal del sistema exige un esfuerzo fiscal creciente, cuando los recursos son escasos”.

Uno de los datos más relevantes del informe es la brecha entre matrícula y egreso. Según se detalla, Argentina registra 563 estudiantes universitarios cada 10.000 habitantes, una de las tasas más altas de la región. Sin embargo, cuando se observan los graduados, el país alcanza apenas 32 graduados cada 10.000 habitantes, por debajo de Brasil (63) y Chile (57). Para la cohorte que ingresó en 2019 y debía graduarse en 2023, la tasa promedio de finalización fue del 23%, con una marcada diferencia entre universidades estatales (19%) y privadas (41%).

HAY QUE REASIGNAR PARTIDAS

Según Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, la forma en que se están asignando los recursos del Estado nacional no parece la más lógica: “Hay que priorizar que los niños de los sectores vulnerables puedan llegar a acceder a la universidad. Esto último no es así, no sólo por el pobre acceso que tienen a la educación primaria y secundaria, sino por la falta de asistencia adecuada en la primera infancia en un país que ha sido empobrecido durante décadas”.

Por otra parte, en conversación con Abram, sostuvo que el régimen de ingreso irrestricto y gratuito a las universidades públicas no ha redundado en una mayor posibilidad de que quienes así lo desean obtengan un título, y se refirió a los salarios de los docentes universitarios: “Hace décadas que la calidad de la enseñanza se está degradando por el exceso de alumnos por profesor y porque, al necesitarse muchos más docentes, se vuelve imposible pagarles bien y elegir sólo a los mejores. Con lo cual, es lógico que también esté bajando la calificación promedio del conjunto de los que dictan cursos en dichas universidades”.

Finalmente, mencionó la escasez de recursos disponibles y que no existe, como tal, una “enseñanza universitaria pública gratuita”, ya que la pagan los contribuyentes, que enfrentan ya una excesiva carga tributaria: “Habría que revisar la forma de financiamiento de las universidades del Estado para poder reasignar partidas a lograr que los niños de los sectores vulnerables tengan mayores posibilidades de llegar a estudiar en una universidad”.

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El documento también pone el foco en el costo real del sistema. Para 2025, el presupuesto universitario rondaría los 4 billones de pesos, lo que ubica al financiamiento de la educación superior entre las principales partidas del gasto público nacional. Con una matrícula cercana a los dos millones de estudiantes, el gasto promedio anual por alumno se ubicaría en torno a 1,99 millones de pesos. Pero, como la mayoría de los ingresantes no concluye sus estudios, el costo efectivo por graduado se multiplica y puede superar los 40 millones de pesos, al incluir el financiamiento destinado a quienes abandonan antes de recibirse.

En ese marco, el informe plantea una discusión sobre la equidad distributiva del sistema actual. La gratuidad universal implica que toda la sociedad financia la educación universitaria a través de impuestos, incluso quienes no tienen la posibilidad de acceder a ella. A su vez, al no distinguir por nivel de ingresos, el esquema subsidia tanto a estudiantes de bajos recursos como a sectores medios y altos que podrían afrontar el pago de sus estudios, ya que serán quienes se beneficiarán con los mayores ingresos que podrían derivarse de su graduación, sevela el informe de la Fundación Libertad y Progreso.