Una ley con más de 200 artículos que enfrenta una batalla judicial

La sanción de la Ley 802 de modernización laboral, publicada el 6 de marzo pasado, abrió un debate que excede los ámbitos parlamentarios y los estudios jurídicos. El abogado platense Federico Basile, socio del Estudio Tavarone y especialista en derecho del trabajo, analiza los alcances de la norma, sus puntos más vulnerables y el impacto de la cautelar que, en primera instancia, dejó en suspenso más de ochenta de sus artículos.

Para Basile, más que una modernización en sentido estricto, la ley representa una serie de ajustes y correcciones a la legislación vigente. Según el especialista, se trata de “ajustes y correcciones de la ley que son muy importantes para lograr claridad, lo que es fundamental a los efectos de reducir los índices de litigiosidad y otorgar mayor previsibilidad jurídica”. En su lectura, esa previsibilidad es la condición necesaria para atraer inversiones: la ley por sí misma no genera empleo, pero una mayor seguridad jurídica sí puede crearlo.

El juez Raúl Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional de Trabajo N.° 72 y subrogando el N.° 63, dictó una sentencia que suspendió de forma transitoria más de ochenta artículos de la reforma. Para Basile, la resolución tiene fundamentos cuestionables: “El principal argumento de crítica que le hago a la sentencia es que no desarrolla con la claridad y la precisión que debería cuáles son efectivamente, en cada caso puntual, los aspectos que entrarían en colisión con la Constitución Nacional”. El abogado subraya que declarar la inconstitucionalidad de una norma sancionada por el Congreso es un paso de enorme gravedad y exige una argumentación precisa que, a su criterio, la sentencia no ofrece.

Sobre la judicialización futura, Basile no tiene dudas de que será intensa. La CGT ya presentó planteos ante el fuero contencioso administrativo, y varios artículos de la ley son blanco de impugnaciones constitucionales. El punto más sensible, según el especialista, es la redefinición del concepto de relación de dependencia. La nueva norma introduce una distinción que, en sus palabras, “perfora la doctrina tradicional”: no toda prestación de servicios configura automáticamente una relación de dependencia. El caso más visible es el de los trabajadores de plataformas digitales, que la ley excluye expresamente de su ámbito de aplicación y regula en un título específico de quince artículos como trabajadores independientes.

“Insisto: no todo debe ser encuadrado como un empleado en relación de dependencia. Hay que ser abiertos a entender que el derecho del trabajo no tiene por qué concentrar toda relación que exista entre personas”, sostuvo Basile. Aunque reconoce que esta postura recibirá cuestionamientos duros de quienes consideran que la ley desprotege a trabajadores que deberían quedar bajo el paraguas del contrato de trabajo.

Otro de los ejes del debate público fue el impacto de la reforma sobre las indemnizaciones por despido sin causa. Federico Basile fue categórico al respecto.

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El punto más sensible es la redefinición del concepto de relación de dependencia

“No hay una modificación relevante en cuanto al monto final de un resarcimiento por un despido sin causa”, explicó el abogado platense.

Lo que la ley modifica, a través del artículo 245, es el criterio de cálculo de la base salarial. Hasta ahora, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma aplicaban métodos distintos para determinar qué componentes del salario integran esa base. La reforma unifica el criterio: en el caso de salarios variables, como comisiones o premios, la ley establece cómo y en qué proporción participan en el promedio de cálculo. “Lo que forma parte de la base de cálculo es la remuneración mensual normal y habitual”, precisó el especialista.

Para Basile, la cautelar del juez Ojeda es un traspié, no una derrota definitiva. “Tengo la expectativa de que esto va a recibir una sentencia que rectifique los términos de esta resolución de primera instancia”, afirmó. La ley está vigente, aunque transitoriamente suspendida en una parte sustancial de sus disposiciones, y el recorrido judicial que le espera, según el abogado, será arduo. “La base legal existe y es muy buena. Tendrá su tratamiento a todo nivel; el más importante va a ser el judicial, para que la justicia convalide la legalidad de la ley”, concluyó.