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Un proyecto que ingresó en la Legislatura bonaerense reformula las pautas para el manejo del principal pulmón del Gran Buenos Aires
Los arcos de ingreso al Pereyra, antesalas de un paseo degradado/EL DIA
Árboles centenarios, construcciones con jerarquía patrimonial, riqueza faunística, potencial para la agricultura sustentable y paisajes únicos para la recreación popular. El Parque Pereyra posee atributos de un valor incalculable. Y también una trastienda menos luminosa: vuelcos clandestinos de basura, “aguantaderos”, asentamientos que crecen sin control, cesiones de tierras poco claras, trabajo infantil, montes que sucumben ante la tala clandestina, instalaciones semiderruidas. Un proyecto que acaba de ingresar en la Legislatura bonaerense se proponer revertir irregularidades y promover virtudes, a partir de un minucioso reordenamiento administrativo.
Concretamente, la iniciativa dispone la creación de un órgano específico de conducción, colegiado y centralizador, del espacio verde, hoy en manos de diferentes dependencias provinciales. En palabras de su autor, el diputado radical Diego Rovella, procura establecer “un nuevo marco legal para brindarle estabilidad jurídica a la protección del Parque”.
El legislador platense considera que “no podemos perder más tiempo mientras el Pereyra se achica y se degrada” y sostuvo que “hay que ir hacia su revalorización como lo que es, un importante pulmón verde de características únicas en el Gran Buenos Aires, un apropiado lugar para el esparcimiento familiar y un reconocido monumento viviente de nuestra provincia”.
El proyecto, que tomaría estado parlamentario esta semana, instituye un “Comité de gestión” para manejar las más de 10 mil hectáreas del parque, distribuidas entre los partidos de Berazategui -en su amplia mayoría-, Florencio Varela, Ensenada y La Plata. Entre ellas, poco más de mil están cedidas a agricultores, otras tantas son de uso público, y el resto se reparte entre unas 5.900 de bañados ribereños y decenas de cesiones temporarias o definitivas a organismos e instituciones de todo tipo. Unas 2.200 hectáreas corresponden a la antigua estancia Santa Rosa, y otras 2 mil a la estancia San Juan.
Las zonas productivas son administradas por el ministerio de Agroindustria, y en su mayoría están desde el camino Centenario hacia el oeste; los bañados ribereños, y las tierras situadas desde el Centenario hacia el río, son manejadas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y tienen reconocimiento como “reserva de biosfera” de UNESCO. De aprobarse la norma que está iniciando su camino en las cámaras, todo quedará en manos de “una autoridad de gestión y control centralizada, subsidiario del OPDS y con dependencias jurisdiccionales de Agroindustria, que trabajará de manera coordinada para preservar, mejorar, conservar y restaurar lo existente”, según Rovella.
El texto propuesto precisa que “la administración del Parque se integrará con un Comité de Gestión y un Administrador Provincial”, y que “la administración del Parque Provincial Pereyra Iraola funcionará como una desconcentración administrativa del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible”. En el comité de doce integrantes, presidido por el administrador -quien tendrá voto sólo en caso de empate-, habrá dos delegados del ministerio de Agroindustria; dos del OPDS; uno del ministerio de Seguridad; dos de la municipalidad de Berazategui; uno de la municipalidad de Ensenada; uno de la municipalidad de La Plata; uno de la municipalidad de Florencio Varela; y dos asociaciones civiles u ONGs vinculadas con la protección ambiental y patrimonial del Parque.
“Creo que es necesario hacer un aporte legal al Parque, dado que múltiples administraciones a lo largo del tiempo fueron diluyendo los mecanismos de gestión entre diferentes jurisdicciones, lo que en muchos casos fue contraproducente y ocasionó un deterioro en su configuración, su mantenimiento y su conservación”, indicó Rovella, cuyo proyecto declara “sujetas a revisión” todas las concesiones y permisos existentes en el predio y prohíbe incrementar la superficie asignada al sector frutihortícola, a la vez que establece requisitos para renovar permisos de explotación y promueve un plan de “Reconversión de la Matriz Productiva”.
Para financiar las necesidades del espacio expropiado e inaugurado en 1950 por Juan Perón y Domingo Mercante, con el nombre de Parque de los Derechos de la Ancianidad”, se crearía un “Fondo Fiduciario Parque Provincial Pereyra Iraola”, integrado por recursos del presupuesto ordinario -con un mínimo del 3 por ciento de la partida asignada al OPDS-, más el cobro de cánones, multas, impuestos especiales y eventuales donaciones.
“Se trabajarán los detalles en comisión si hay intereses encontrados, pero el mayor interés es el de todos los bonaerenses y especialmente quienes viven en el sur del Gran Buenos Aires” concluyó el legislador de Cambiemos, quien destacó la enorme importancia del Parque “por su historia, por lo que representa para gran parte de los bonaerenses de la región, y por ser una reserva de biosfera declarada en 2008, con 132 especies forestales introducidas, una cuantiosa flora autóctona y doscientas especies de aves en su inmensa y cambiante geografía”.
En los últimos tiempos, las noticias vinculadas con el lugar incluyeron intentos de usurpación, operativos de la Justicia contra la explotación y el manejo de agroquímicos en quintas por parte de niños de cinco a ocho años, la expansión de un asentamiento junto a la estación ferroviaria del ramal Roca-vía Quilmes, la clausura de un descomunal mercado persa en las inmediaciones de la rotonda de Alpargatas, y la reiterada toma del “Triángulo de Davidson” por diferentes emprendimientos privados y grupos de quinteros, sucesivamente.
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