Ponerse a la altura de las circunstancias, por el bien de los chicos

No hubo sorpresas en el universo educativo provincial. Si bien no fueron pocos los que creyeron que, a pesar del rechazo de plano a la oferta salarial del gobierno, este año los gremios docentes podían salir de la lógica del no inicio de clases, finalmente definieron un paro de 48 horas para este lunes y martes, en tanto que desde la cartera laboral bonaerense se anticipó que “se descontarán los días”. De este modo, una vez más coincidirá en la Provincia el inicio de las clases en las escuelas con la decisión de los docentes de realizar un paro.

En la práctica volverán a verse perjudicados millones de alumnos de todos los niveles. También debe decirse que la educación bonaerense vuelve a exhibir la misma película de casi siempre, demostrando así que la suma de antecedentes -harto conocidos- no ha servido para que ambas partes, gobierno y gremios, puedan hallar fórmulas imaginativas para evitar esta penosa “remake”.

Debe hablarse de dos omisiones imputables, una de ellas a las autoridades educativas y la otra a los gremios docentes. En lo concerniente al Gobierno bonaerense, no se justifica la demora en que incurrió para convocar a los maestros a conversar sobre las cuestiones en litigio. Recién lo hizo hace muy pocas jornadas, cuando ya desde enero o, inclusive, no bien terminado el ciclo lectivo anterior, debieron haberse abierto las negociaciones. En cuanto a los gremios resulta inentendible que no puedan encontrar otras herramientas de protesta, igualmente resonantes, que no sean la de cerrar las escuelas e impedir que casi 5 millones de estudiantes puedan cumplir en plenitud con sus programas de aprendizaje. Y así evitar que no se pueda llegar a los 180 días de clase fijado como tope ideal por los especialistas. Ambas partes también debieran tomar en cuenta alguna vez el enorme trastorno que le crean a miles de familias, obligadas a encontrar lugares alternativos donde poder dejar a sus hijos mientras sus padres o tutores acuden a sus trabajos habituales.

Se dijo hace pocos días en esta columna que no es del caso analizar la mayor o menor razonabilidad de las reivindicaciones esgrimidas por el sector docente –desde luego que, muchas de ellas, seguramente justificadas-, sino de recordar que el derecho a aprender forma parte de las mandas constitucionales y que, por consiguiente, no existe motivo alguno que justifique privar de instrucción a millones de chicos. Esta formulación no significa, en modo alguno, postular un avasallamiento de los derechos gremiales al reclamo ni, tampoco, suponer que el Estado pueda verse exento de cumplir con sus obligaciones de empleador.

Más allá de las reivindicaciones sectoriales y de las argumentaciones que invocan las autoridades, no debería soslayarse una realidad ciertamente negativa, que indica que en lugar de recuperar, se han venido perdiendo días de clase en la Provincia. Y no sólo por las medidas de fuerza, sino por la cantidad de feriados en los últimos ciclos escolares.

Solamente una visión muy sesgada podría no detectar la gradual declinación que sufre la educación pública en la Argentina. Una decadencia que, seguramente, responde a causas múltiples y complejas, pero que obliga a que se extremen esfuerzos para recomponer la calidad uno de los servicios más esenciales del Estado, como es el de la educación. El Gobierno provincial y los gremios docentes debieran tener muy en claro la gravedad del problema y, por consiguiente, ponerse a la altura de las circunstancias.

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