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El Gobierno obtuvo un respaldo financiero más importante de lo esperado. Ahora tiene que encarar el ajuste. Mientras tanto, se viene la votación sobre el aborto
Se abrió la puerta que conecta el despacho con el comedor presidencial, un amplio salón que da al contrafrente de la Casa Rosada. Por allí pasó Mauricio Macri y tras intercambiar unas palabras con sus colaboradores, se percató de que había un problema de organización: no estaban en su sitio las copas para brindar por el Día del Periodista. Entonces encaró hacia la cocina y las reclamó personalmente. De inmediato aparecieron los mozos con las bandejas colmadas de copas.
La escena tuvo lugar el jueves pasado, el mismo día en que el Fondo Monetario Internacional anunció que otorgaría a la Argentina un préstamo “stand-by” por 50.000 millones de dólares, un monto superior al esperado, tal vez como una manera de evitar que la crisis de financiamiento se desparrame entre los países emergentes.
Al momento del brindis con los periodistas de medios acreditados en la Casa Rosada, entre ellos EL DIA, Macri esperaba novedades de Washington.
Unas pocas horas más tarde las tuvo y respiró aliviado, ya que con semejante paraguas financiero el Gobierno entiende que le hará frente a las turbulencias de los mercados en lo que resta del mandato presidencial.
Eso sí, la decisión de Macri de acudir al FMI estableció un compromiso del país con ese organismo que excede el plazo para el que fue votado el mandatario. Por caso, el préstamo comenzará a devolverse a los 39 meses del primer desembolso, que será en julio.
Pero como hizo con las copas para el brindis, Macri resolvió con pragmatismo mientras sus que sus funcionarios no mostraron la reacción necesaria frente a una situación inesperada. Ahora el Gobierno tendrá que embarcarse en un severo ajuste de las cuentas públicas –se estima que deberá reducir unos 200.000 millones de pesos del Presupuesto 2019-, casi la mitad en obras públicas. Los recortes también afectarán los salarios estatales y los envíos a las Provincias.
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El acuerdo con el Fondo también implicará la continuidad de los aumentos de tarifas en el sector energético, que no cesarán si es que el Gobierno quiere superar los controles trimestrales que harán los técnicos del organismo. Entre las consecuencias del pacto debe contarse además un aumento de la deuda externa y de sus intereses. Todo eso es lo que le cuesta al Estado argentino la fotografía que ayer retrató a Macri junto a la directora del FMI, la francesa Christine Lagarde.
¿Tenía el Presidente otro camino abierto para transitar? Él insiste en que no y por cierto que la diplomacia que desplegó desde que llegó a la Casa Rosada, en diciembre de 2015, le posibilitó un respaldo absoluto del primer mundo. Ayer mismo, en la reunión del G7 en Canadá, mantuvo una reunión con la canciller alemana Angela Merkel, dialogó con la premier británica Theresa May y fue homenajeado en una cena privada por el primer ministro canadiense Justin Trudeau.
A todos ellos, más el imprevisible presidente norteamericano Donald Trump, los recibirá Macri en noviembre en Buenos Aires, donde sesionará la cumbre de los líderes del G20 en el complejo Costa Salguero, rodeada de un operativo de seguridad cuya dimensión no fue vista nunca en la Argentina. Algunos funcionarios del Gobierno admitieron, por lo bajo, que el hecho de que el país presida este año el G20 fue determinante para que el FMI accionara con tanta celeridad.
En el plano interno, lo que viene ahora es una discusión dentro del oficialismo sobre la manera de realizar el ajuste comprometido con el Fondo. Macri y sus principales funcionarios, casi todos ellos del PRO, fijan su mirada en el gasto político del Estado, pero los radicales quieren que el recorte caiga principalmente sobre los subsidios a sectores empresarios, como se está haciendo ahora en Brasil. En esa bolsa entran nada menos que las retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Se trata de un tema muy sensible para Cambiemos porque en su génesis contó con el respaldo de las entidades que nuclean al campo argentino. Incluso su ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, viene de presidir la Sociedad Rural. Pero está a la vista que los recortes que deberán realizarse –“reformas”, en boca de Lagarde- no tendrán que descartar a priori a ningún sector. Las metas de reducción del déficit fiscal son ambiciosas y ya no pueden considerarse gradualistas.
La oposición, por su lado, quedó impactada por la magnitud del respaldo internacional que consiguió el Presidente. Cayó en la cuenta, finalmente, de que las principales potencias del mundo toman a la Argentina como un caso emblemático en el que se debe evitar el regreso al poder del “populismo”, una categoría en la que incluyen al peronismo en general y al kirchnerismo en particular. Nadie esperaba, en rigor, que el auxilio superara los 30.000 millones de dólares.
Incluso, el senador Miguel Pichetto –jefe histórico del PJ en el Senado- había estimado en una reunión con la CGT que el Gobierno sólo podía aspirar a cubrir el agujero que le provocó a las reservas del Banco Central la reciente corrida bancaria.
“Lo que se viene es una discusión dentro del oficialismo sobre la manera de realizar el ajuste”
Pichetto dejó últimamente a un lado sus posiciones más moderadas y se embarcó en el armado del peronismo de cara a 2019. Ese giro fue apuntado por Cambiemos, pero no todos sus principales dirigentes salieron a cuestionarlo.
De hecho, la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se reunieron con el senador rionegrino en un “lugar neutral” –afirmaron enigmáticamente voceros de ambos bandos- y se propusieron como un puente de diálogo para neutralizar a los sectores más duros del Gobierno.
Lo mismo había ensayado esa dupla con Sergio Massa, el líder del Frente Renovador, con quien la mandataria bonaerense acordó las modificaciones a los impuestos de las tarifas que durante la semana que concluye votó la Legislatura provincial.
Vidal, además, profundizó esa vocación dialoguista con una visita de índole privada al papa Francisco en el Vaticano, donde llegó acompañada por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley y su esposo, el jefe del Gabinete de Ministros Bonaerense, Federico Salvai.
La Gobernadora conoce a Jorge Bergoglio desde hace una década, cuando era funcionaria porteña del área social, y habría ido a Roma a recargar su fortaleza espiritual, algo necesario frente al desgaste cotidiano que conlleva su tarea. También a buscar algún respaldo del pontífice para aplacar la protesta social que podría incrementarse.
La influencia de Francisco entre los sindicalistas y los movimientos sociales es manifiesta. Tanto es así, que muchos dirigentes lo visitan en la Santa Sede y luego regresan a Buenos Aires comentando supuestas instrucciones papales, que en la mayoría de los casos suenan a exageración y utilización política. Pero lo cierto es que bastaría una señal suya para que la CGT no se embarque en un conflicto de final incierto. La misma lógica se aplicaría a grupos piqueteros con peso territorial.
El Papa sigue de cerca la situación social que atraviesa la Argentina. Y quienes se entrevistan con él, coinciden en señalar que está muy preocupado por las consecuencias que podría acarrear el acuerdo con el FMI. Pero en lo inmediato, la atención del Vaticano y de la Iglesia católica está focalizada en la sesión de la Cámara de Diputados que, desde el próximo miércoles, debatirá la legalización del aborto. Y que, en la mañana del jueves, resolverá en una votación histórica.
Este fin de semana había 118 diputados en contra de la iniciativa y 108 a favor, en tanto que otros 30 estaban indecisos. En ese marco, la votación se presenta sumamente reñida e incluso se especula con la posibilidad de que el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, deba desempatarla al mejor estilo de Julio Cobos con la Resolución 125 de la “guerra gaucha”. Pero el legislador bonaerense espera no tener que hacerlo, puesto que él mismo se cuenta entre los indecisos.
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