Un país en desventaja frente al poder del narcotráfico

Lo expresado hace pocas horas por el Arzobispo de Rosario acerca del crecimiento del consumo y la venta de drogas en ese distrito, así como el uso de armas y del dinero negro, relacionándolo al incremento delictivo general, no hizo más que corroborar un fenómeno que se presenta en la mayor parte del país. Basta recordar que, en nuestra zona, tanto los magistrados a cargo del fuero de la responsabilidad penal juvenil como los de la órbita penal, coinciden en poner de relieve la altísima incidencia que tiene la droga en muchos de los hechos investigados por la Justicia.

En el caso de Rosario debe recordarse que hace pocas jornadas fue baleado el altar del templo Reina María con quince disparos efectuados por los narcos del barrio, que días antes habían amenazado a un sacerdote de esa parroquia. A raíz de ello surgieron las mencionadas expresiones del Arzobispo y, para el caso, corresponde señalar que el indiscutible conocimiento de la realidad social por parte de la Iglesia no hace sino validar una advertencia que no sólo no debe ser desoída, sino que coincide con la posición de los especialistas y el de diversas entidades, conocedores del fenómeno de la drogadicción y de la creciente participación de menores de edad en el consumo.

Se ha señalado que la droga ha llegado a nuestro país para quedarse, apuntalada ahora por la presencia de peligrosos carteles y de grupos mafiosos en distintas jurisdicciones. Las preocupaciones existentes hace no muchos años, relacionadas a la incipiente venta de drogas en cercanías de los colegios se ven como minimizadas, ahora, confrontadas ante la alarmante presencia de organizaciones de narcotráfico asistidas por respaldos poderosos. Las últimas crónicas policiales de nuestra ciudad han sido harto elocuentes, en el sentido de que –al menos, afortunadamente en estos casos- se han podido detectar y desarticular bandas con ramificaciones en distintos ámbitos institucionales, ligadas también a la venta de droga.

Resulta necesario recordar que fue en 2013 cuando un informe de la Oficina Antidrogas de las Naciones Unidas ubicó a la Argentina como el tercer punto de partida de cocaína hacia el mundo detrás de Brasil y Colombia. En el mismo trabajo, advertía sobre la fragilidad de los controles en los puertos. Ese dato fue el primero que demostró la enorme gravedad de lo que ocurría en el país, hasta entonces considerado de tránsito y convertido en país productor, consumidor y en la mira de los carteles internacionales.

Para esos carteles, el interés de la Argentina no pasa por el mercado interno de las drogas, al que consideran pequeño y sujeto a fuertes altibajos económicos. El objetivo pasa por convertir al país en base de almacenamiento y movimiento estratégico para llegar a su segundo mercado más importante: el europeo. Especialistas en el tema postulan que el primer interés de los carteles en el país fueron los fueron los precursores químicos para producir cocaína y drogas de diseño, cuando aquí pudieron conseguirlos a precios irrisoriamente bajos. Pero otro de los factores que seducen a estos carteles es una buena infraestructura de puertos argentinos poco controlados, por donde diariamente salen centenares de barcos cargados de cereal y otras producciones, muchos de ellos hacia puertos canadienses y europeos.

El objetivo narco pasa por convertir a la Argentina en base estratégica de almacenamiento

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La enorme gravedad del problema obliga a ponderar la decisiva importancia que debe tener el Estado, como investigador y represor principal de las organizaciones del narcotráfico que se ha instalado con creciente fuerza y que cuenta con centrales internacionales de apoyo.

De sobra se conoce que los narcotraficantes exponen, en forma cotidiana, la millonaria y delictiva trama de negocios y vínculos políticos que los respaldan, en un proceso que encuentra a nuestro país en desventaja frente a ese fenómeno.

Hace ya demasiado tiempo que se viene advirtiendo sobre el evidente avance del narcotráfico y del consumo de drogas en la sociedad. Y es también cierto que, a partir de allí, se reclama de las autoridades la intensificación de campañas de prevención, en especial para neutralizar la eventual relación de esa actividad ilegal con funcionarios públicos y dirigentes con influencia en la vida social.