La intromisión de funcionarios de la Nación en las tomas de Villa Mascardi

Nada más alejado de los principios de legalidad y de responsabilidad en las funciones públicas que lo protagonizado por las máximas autoridades y funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que se vieron comprometidos en las tomas de tierras en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, colaborando con los presuntos mapuches que ocuparon parcelas del Estado nacional, de particulares y hasta de áreas protegidas en una zona de jurisdicción federal.

Como se sabe, el vicepresidente del organismo, Luis Pilquimán, fue interceptado en un control policial a unos diez kilómetros de Bariloche, cuando a bordo de un vehículo oficial y sin la documentación que le permitía transitar, transportaba a un grupo de personas a la toma de terrenos en Villa Mascardi.

Se detalló que el operativo se realizó en la zona este de Bariloche. Según informaron, el vicepresidente del INAI viajaba a bordo de una Toyota Hilux a nombre de Poder Judicial de Río Negro y era acompañado por una familia que llegaba desde la llamada Línea Sur.

Días antes de ello, la gobernadora rionegrina Arabela Carreras había acusado al INAI de tener “una participación no constructiva” en el conflicto, con funcionarios que avalaban las usurpaciones, todo ello mientras se agudizaba el conflicto por las formas violentas de la toma y crecía la protesta y movilización de los vecinos reclamo del “urgente desalojo” de los intrusos.

Los pobladores también reclamaban que usurpadores fueran detenidos y condenados, primero criticando la inacción oficial y, jornadas después, cuestionándose con severidad la “complicidad” de algunos funcionarios nacionales frente a la sucesión de delitos que se perpetraba en la zona.

Por su parte, en respuesta a las declaraciones de la gobernadora de Río Negro, la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, defendió el rol que cumplía el organismo: “No vamos a responder a los agravios - dijo la funcionaria nacional-. Seguiremos trabajando denodadamente en una salida que tenga que ver con la reivindicación de derechos de todas las personas”,

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Queda en claro que, en lugar de buscar soluciones concretas, alguno de los funcionarios del INAI decidió ponerse del lado de quienes alegan supuestos derechos posesorios –una hipótesis que los historiadores y juristas cuestionan desde diversos puntos de vista- y actuó así tomando partido, en clara transgresión a las normas.

El INAI fue creado en el orden nacional en 1985 con el propósito de desarrollar políticas orientadas a la promoción de las comunidades indígenas de la Argentina, buscándose proteger su identidad cultural. La ley de creación le fijó claros objetivos de apoyo y promoción a las comunidades indígenas, en busca de su mejor defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades.

Como es de imaginar, la ley no faculta a ninguno de sus funcionarios a que se arrogue la potestad de iniciar “acciones directas” e ilegítimas de apoyo a quienes violen principios constitucionales y al resto del cuadro normativo argentino. Ni tampoco a que se defiendan conductas contrarias a la ley, en actitudes que son de extraordinaria gravedad institucional ya que comprometen la postura y las actitudes del organismo al que representan.

Las autoridades nacionales, de las que depende el INAI, debieran analizar el desviado comportamiento de funcionarios, a quienes el Estado les delegó la excluyente función de cumplir con los objetivos definidos en la ley de creación, sin apartarse de ellos y mucho menos para avalar o pretender encubrir la comisión de delitos tipificados en el Código Penal.