Los dos anuncios oficiales para intentar poner un freno al látigo opositor

Hace algunas semanas, cuando asomaba con mayor virulencia el organizado proceso de toma de terrenos y propiedades en el Conurbano, alguien hizo sonar el teléfono de Máximo Kirchner. Era nada menos que Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes y ensayo de una de las primeras experiencias de gestión de La Cámpora en el siempre complejo escenario de la Provincia.

Cuentan que allí surgió una de las primeras voces de alerta en el oficialismo por las usurpaciones, un tema sobre el que venía advirtiendo la oposición y que inquieta tanto por sus características como por la hasta ahora escasa o nula intervención de los poderes del Estado para frenarlo.

Dicen que el hijo de la vicepresidenta realizó un planteo ante altos funcionarios de la Casa Rosada. Y que habría apuntado, en función de las novedades que le llegaban desde Quilmes, a una conocida organización social como uno de los motores visibles de las movilizaciones que terminan con la ocupación de terrenos privados y del propio Estado. Sergio Berni le puso nombre y apellido: el Movimiento Evita, un sector del propio peronismo con fuerte inserción social con aporte de funcionarios en el gobierno de Alberto Fernández.

Sobre esta organización existe cierta unanimidad en el propio oficialismo en relación a su presunto accionar en las tomas. Tanto, que en la reunión que hace unos días intendentes del Conurbano mantuvieron con Axel Kicillof, uno de los ministros presentes concluyó con cierta dosis de ironía: “Vemos que somos todos anti Evita”. Un dato adicional de ese encuentro: no estuvo Mariel Fernández, la jefa comunal de Moreno y una de las referentes del Evita junto a Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro.

El oficialismo bailó su propio minué con las tomas sin freno. Y convino endurecer el discurso público recién cuando el fenómeno estaba virtualmente estallado y alcaldes de Juntos por el Cambio lo habían tomado como bandera para fustigar la ambigüedad gubernamental.

Quienes percibieron la necesidad de salir a obturar ese flanco fueron los intendentes del PJ del Conurbano. Primero, porque ellos mismos padecen el fenómeno de las tomas en sus distritos. También, porque entendían que no bajaba un mensaje claro desde el Ejecutivo bonaerense más allá de las incursiones en solitario de Berni. Tras aquellos movimientos, el Gobernador se mostró más contundente con la condena a las tomas y el Ejecutivo comenzó a emparentarlas a coro con la comisión de un delito.

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El escenario es de notable complejidad. En aquella reunión de intendentes con Kicillof se definió crear un sistema de “alerta temprana” para evitar nuevas intrusiones como la que, por caso, se intentó ayer en un barrio de La Plata. Pero nada se dice de las ocupaciones que ya se concretaron.

La cuestión pone en blanco sobre negro algunas cuitas oficiales: expone la pelea por el territorio y los recursos para eventuales urbanizaciones de aquellos predios usurpados.

Las decisiones en torno de la complejidad que supone la falta de viviendas tienen en algún punto vértices de contacto con otro anuncio oficial que se produjo hace horas: el lanzamiento de un plan de Seguridad para el Conurbano financiado por el gobierno nacional. Se trata, el de la inseguridad, de otro de los temas calientes de la agenda que había sido apropiada por la oposición.

El eje puesto en reforzar el combate del delito en el Conurbano reconoce un déficit concreto en cuanto al despliegue estatal en materia de infraestructura y recursos humanos. Se trata, además, de una decisión que supone un cambio de discurso en el kirchnerismo. De la famosa “sensación” que solían enarbolar no pocos funcionarios, al reconocimiento explícito de un flagelo enquistado desde hace años y que apenas dio cierto sosiego en la etapa dura de la cuarentena.

Hay otra cuestión que genera inquietud en el Frente de Todos y que podría encuadrarse en aquél cambio de lógica: el año electoral que se avecina.

El kirchnerismo acuna el poco gratificante recuerdo de los comicios de medio término en la Provincia de 2009 y 2013, cuando resultó derrotado por Francisco De Narváez y Sergio Massa. Ambos enarbolaron como bandera la pelea contra el inseguridad. Los dos, con un discurso que se hizo permeable a la inquietud de miles de bonaerenses que se sentían, todavía se sienten, desamparados frente a la delincuencia.

Aún cuando el peronismo no exhibe la atomización de entonces, el plan oficial estaría reconociendo que las sensaciones pueden traducirse en sorpresas desagradables.