La reforma jubilatoria, a la española

Indexar las pensiones (jubilaciones) sobre la inflación y cheques para incitar a trabajar más años figuran entre las primeras medidas que el gobierno español presentó para reformar el sistema, pero por razones electorales la reforma llevará su tiempo, aseguran varios expertos.

El gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez presentó la semana pasada un anteproyecto de ley de reforma del sistema, que la Comisión Europea lleva años reclamando a España. La principal medida es la revalorización anual de las jubilaciones por inflación. “Ningún pensionista tiene que preocuparse”, aseveró la entonces portavoz del gobierno, Jesús Montero.

En 2018, y frente a las importantes y repetidas protestas de los pensionistas, el gobierno conservador de Mariano Rajoy se avino a aumentar temporalmente las jubilaciones indexándolas sobre la inflación. Un mecanismo que él mismo había prohibido con una reforma votada en 2013 para ahorrar gasto.

Rafael Pampillón, economista en la escuela de comercio IE, cree que consagrar ahora esta medida es “una barbaridad”. El déficit de la Seguridad Social fue de unos 30.000 millones de euros en 2020, y “va aumentando cada año”, apunta, que remata: “El sistema no es sostenible. Habría que congelar las pensiones”.

En paralelo, eso sí, el gobierno español quiere incitar a los trabajadores a jubilarse más tarde.

La reforma de 2013 del gobierno conservador prevé ya un aumento progresivo de la edad mínima para jubilarse. Actualmente está en 65 años, y ese mínimo debe alcanzar los 67 en el año 2027.

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Para alentar esta tendencia, el anteproyecto de Sánchez prevé pagar un cheque de hasta 12.000 euros por año suplementario trabajado.

Inversamente a esto, el monto de la pensión se verá reducido en caso de jubilación anticipada.

El problema de la demografía

Pese a todas estas medidas, que deben ser afinadas y sometidas al voto del Parlamento, ahora mismo “queda mucho por hacer”, apunta Jordi Fabregat, economista de la escuela de negocios Esade.

Y es que la demografía complica la situación en España.

“Los jóvenes de menos de 25 años que entran en el mercado laboral son un 30% menos que los que tienen más de 40 años”, explica Pampillón.

La tasa de natalidad española es la segunda más baja de Europa sólo por detrás de Malta (1,23 hijos por mujer, según los datos actualizados de la agencia europea de estadísticas Eurostat).

Al mismo tiempo, los españoles tienen uno de los mayores niveles de esperanza de vida del mundo, con una media superior a los 83 años, según la OMS.

Por otro lado, “no existe en España la costumbre de ahorrar para la jubilación”, porque las pensiones que se pagan equivalen al 80% del último salario, frente a una media del 55% en Europa, añade Jordi Fabregat.

Y aunque otros países del sur de Europa como Francia, Italia o Grecia padecen los mismos problemas, “en España se han retrasado las reformas y el consenso ha sido negar el problema”, afirma Javier Díaz Giménez, de la escuela de comercio IESE.

El llamado Pacto de Toledo -una comisión parlamentaria con todos los partidos políticos, creada en 1995 para despolitizar la cuestión de las pensiones y fijar un consenso nacional- tampoco ha sido suficiente.

Lo principal de la reforma se negociará este otoño, apunta el gobierno. Ahí habrá que definir el factor de sostenibilidad, es decir, tomar en cuenta la elevada esperanza de vida, al tiempo que se bajan las pensiones.

“La gente vive más y cuesta más”, y por eso, “hay que bajar las pensiones. Es lo más difícil porque supone incumplir lo prometido a los jubilados”, resume Díaz Giménez.

La medida, incluida en la reforma conservadora de 2013, nunca fue aplicada.

Recientemente, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, desató un vendaval al plantear una posible reducción de las pensiones de los ‘baby boomers’, y se vio obligado a dar marcha atrás.

De momento, y en definitiva, “todo está muy en el aire”, porque a dos años de las elecciones legislativas ningún partido quiere arriesgarse a perder votos en esta franja tan importante del electorado, destaca Rafael Pampillón, del IE.

La única manera de acometer la reforma, según Fabregat, sería bajo “la presión de la Unión Europea”.

Y es que la reforma de las pensiones forma parte precisamente de las medidas pedidas por Bruselas a cambio de los fondos europeos del megaplan de recuperación posCovid.