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El Gobierno tuvo que salir a aclarar que sería para las jubilaciones de jueces y diplomáticos. Dudas internas y críticas opositoras
El Presidente Alberto Fernández ayer en Santa Clara del Mar/télam
Emiliano Russo
efrusso@eldia.com
La filtración de la propuesta de modificación de los regímenes especiales jubilatorios de la Justicia y del cuerpo diplomático, y la idea de un “incentivo” para que más trabajadores sigan en actividad hasta los 70 años, lo que llevaría a reducir el déficit del sistema previsional, nuevamente agitaron la interna oficial con el kirchnerismo y también despertaron críticas de la oposición. Estos ítems formarían parte de la letra chica del acuerdo con el FMI que el Ejecutivo comunicaría el próximo fin de semana.
La controversia que hizo eclosión ayer obligó al presidente Alberto Fernández a salir aclarar que en el marco de las negociaciones con el Fondo se intentará modificar “los regímenes especiales de privilegio, donde básicamente están un grupo de embajadores y jueces. Algo hicimos con los jueces pero deberíamos avanzar más. Lo mismo con los embajadores”, destacó en un breve audio enviado a una radio.
Ante las críticas internas y opositoras, el ministro Martín Guzmán (Economía) también salió a aclarar con más contundencia que no habrá “ninguna reforma jubilatoria” aunque admitió también como el Presidente, que el Gobierno realizará “un estudio focalizado en los regímenes especiales” alcanzados por la Ley 27.546 ,“que analice opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional”.
El argumento de la búsqueda de mayor equidad, vale decir, es el mismo que esgrimía el anterior gobierno cuando intentó, sin éxito, realizar una similar reforma previsional en 2018 para intentar bajar el gasto. En aquél momento Mauricio Macri decía que “todos los argentinos debían trabajar la misma cantidad de horas y de años” como forma de terminar con los “privilegios”.
Una ex funcionaria macrista recordó ayer que en aquella oportunidad “hubo una arremetida fuerte para eliminar los regímenes especiales” pero que la comisión bicameral propuesta nunca llegó a reunirse para tratar los cambios. “En el régimen de diplomáticos se había avanzado bastante en cómo hacerlo gradual. Pero con los jueces se avanzó cero”, resaltó.
Mientras, el diputado Luciano Laspina (PRO) no se refirió al tema previsional pero sí alertó ayer que, de acuerdo a los trascendidos, el acuerdo con el FMI incluiríauna “reforma del régimen penal cambiario dando más poder al Banco Central para un endurecimiento del cepo. Si fuese cierta la versión, es invotable”. El borrador informado ampliaría las facultades de la autoridad monetaria para regular y supervisar un conjunto más amplio de transacciones.
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Otro de los ministros que salió a dar explicaciones en la víspera fue Claudio Moroni (Trabajo), al reconocer que se va estudiar “cómo mejorar el sistema (jubilatorio) en cuanto a la equidad y los haberes” y cómo ofrecer “incentivos” a los trabajadores para continuar su etapa activa.
Fuentes oficiales confirmaron a este diario que “lo que estamos planteando es incentivar a que se use la opción de trabajar hasta los 70 años para los varones y hasta los 65, para las mujeres. Pero no se piensa cambiar nada”. Es que dicho régimen aprobado durante el macrismo ha tenido baja adhesión y, en los hechos, muchas personas siguen trabajando al superar la edad jubilatoria porque los haberes del sector pasivo están muy lejos de ser atractivos, más bien todo lo contrario.
Por otra parte, la desfinanciación del sistema es atribuida por los técnicos a la magnitud de la “economía en negro”, que es la causa que a cientos de miles de trabajadores no se les realicen los aportes jubilatorios, mientras se han utilizado los fondos de las cajas para gastos que no tienen relación con el pago a los jubilados.
En el kirchnerismo, con todo, resisten estas modificaciones y esperan para el fin de semana el texto final del acuerdo con el Fondo. “No discutimos en los medios. Hay que hablar en los ámbitos parlamentarios”, se atajó una calificada fuente kirchnerista. En tanto, un integrante de La Cámpora se preguntó irónicamente “así que vamos a tener que trabajar hasta los 70”.
Aunque hoy prime el silencio de Cristina Kirchner, y en voz baja muchos referentes del espacio pidan “los documentos que detallen el acuerdo”, existen diferencias con la Casa Rosada en el trazo grueso del entendimiento no sólo en este aspecto sino también en cuanto a las metas fiscales y en las revisiones trimestrales del organismo de crédito.
Quien nunca guarda silencio es la economista K Fernanda Vallejos que, con sus audios críticos de Fernández post derrota electoral de las PASO suele anticipar la visión de la ex presidenta. Ahora se preguntó: “¿Vamos a seguir con el autoengaño de que es bueno aceptar las imposiciones del FMI?”. Así, no dudó en afirmar que “el preacuerdo incluye una serie de ajustes presupuestarios camuflados bajo el concepto racionalización del gasto. Uno de los ítems donde se pondrá la lupa es el sistema previsional, a pesar que públicamente se habla lo contrario. Se prestará atención especial a la evaluación de regímenes especiales y a mecanismos que favorezcan la prolongación de la vida laboral. También pretende limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales”.
En Economía, con todo, aún no dan cifras sobre el ahorro fiscal que posibilitarían los cambios previsionales.
Para el especialista Luis Campos, de la CTA Autónoma, “actualmente hay 3079 ex integrantes del Poder Judicial que perciben jubilaciones superiores a los $500 mil. En el Servicio Exterior superan este monto 416 personas. En paralelo, hay 4 millones de personas que cobran la mínima ($32.630 a partir de marzo)”.
Tal vez para intentar llevar algo de tranquilidad a la interna oficial, por la tarde hubo un cónclave entre Alberto Fernández y Sergio Massa en Casa Rosada: el jefe de Estado le pidió “que abra el proceso de diálogo político para darle un tratamiento ágil y de participación” al acuerdo con el Fondo que ingresaría el sábado por la Cámara baja. El próximo martes será el Presidente quien se refiera al tema en la apertura de sesiones del Congreso.
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