Los Grobo pidió el procedimiento preventivo de crisis ante la CNV

La empresa Los Grobo Agropecuaria S.A., una de las más importantes del sector agroindustrial argentino, anunció que solicitará ante el Ministerio de Trabajo el inicio del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), según informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La decisión fue tomada por el Directorio de la firma, que atraviesa una compleja situación financiera desde hace meses. Según se detalló en la nota presentada ante la CNV y firmada por Julieta Gioia, responsable de relaciones con el mercado, el pedido busca implementar “un conjunto de medidas orientadas a la obtención de beneficios y flexibilización de su estructura productiva, con el objetivo de mejorar las posibilidades de solución al cuadro de crisis financiera que se encuentra atravesando a la fecha”.

Desde la compañía aclararon que la solicitud del PPC no implica, por el momento, despidos, sino que apunta a reducir cargas patronales durante seis meses como parte de una estrategia de ahorro salarial.

El PPC es una herramienta legal que permite a las empresas con dificultades económicas negociar condiciones laborales especiales, como indemnizaciones reducidas o despidos escalonados, bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo.

La solicitud se conoce pocos días después de la renuncia del gerente general Enrique Flaiban, quien dejó su cargo “por razones de índole personal” y fue reemplazado por Juan López Moccio.

Los Grobo está actualmente controlada en un 90% por el grupo inversor Victoria Capital Partners (VCP), que ingresó en la firma en 2016. El 10% restante continúa en manos de Gustavo y Matilde Grobocopatel.

En el marco de su reestructuración, la empresa ya había reducido su plantel de 700 a 400 empleados, alquilado su Molino Cánepa en Chivilcoy a Molinos Fénix y abandonado el negocio de producción propia de granos en sociedad con productores, que implicaba unas 100.000 hectáreas sembradas.

Desde su entrada en concurso de acreedores en febrero, tras el incumplimiento de una serie de pagarés en diciembre, la compañía acumula una deuda estimada en 220 millones de dólares. En el último tiempo dejó de comercializar fertilizantes y mantiene la venta limitada de agroquímicos —glifosato, 2,4D y atrazina— y semillas de trigo y cebada que permanecen en stock.