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El Gobierno bonaerense aprobó un acuerdo con las distribuidoras Edelap, Edea, Eden y Edes para postergar el pago de penalizaciones y sanciones aplicadas por incumplimientos en la calidad del servicio eléctrico.
La medida también se entendió como un alivio para las cooperativas eléctricas del interior.
La medida fue publicada ayer por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos en el Boletín Oficial, regirá hasta la entrada en vigencia del primer cuadro tarifario resultante de la próxima Revisión Tarifaria Integral (RTI), lanzada el año pasado y actualmente en proceso.
Según la resolución ministerial, las empresas no deberán acreditar a los usuarios (por ahora), las penalizaciones acumuladas desde junio de 2017 ni las que se apliquen en adelante. Tampoco deberán afrontar las sanciones complementarias que se encuentren firmes en sede administrativa.
Sin embargo, estas obligaciones no se eliminan: quedarán registradas en cuentas contables específicas creadas al efecto, sujetas a auditorías del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA) y de la propia cartera de Infraestructura.
De ese modo, se explicó, se busca aliviar la situación financiera de las distribuidoras en el marco de la etapa de transición tarifaria, vigente desde 2020 tras la declaración de la emergencia económica y sanitaria.
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El destino final de los montos acumulados se definirá en el marco de la próxima revisión que deberá determinar si se acreditan a los usuarios, se destinan a inversiones u otro uso previsto en la normativa, se explicó.
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