Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

El escándalo por la filtración de audios que sacude al Gobierno sumó ayer un nuevo capítulo. Esta vez, promovido por la Casa Rosada que, a través de dos presentaciones judiciales, consiguió que un juez del fuero Civil y Comercial ordenara el “cese inmediato” de la difusión de grabaciones atribuidas a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que hayan sido registradas en Casa de Gobierno. La avanzada del Ejecutivo se da en medio del terremoto político por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que salpica a empresarios y funcionarios clave como la hermana del Presidente y su segundo, Eduardo “Lule” Menem, y que se disparó a raíz de otro material atribuido al desplazado titular de la Andis, Diego Spagnuolo.

“Decrétase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025 (...) que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”, dispuso el juez Alejandro Patricio Maraniello al hacer lugar a la medida cautelar que solicitó la Secretaria General de la Presidencia, y ordenó para eso cursar una comunicación “urgente” al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

La decisión fue celebrada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró en redes sociales que “la Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

El mismo viernes de las filtraciones, la hermana del Presidente había alertado que, en caso de ser reales, los audios en los que se la escucha pedir “unidad” en la interna libertaria fueron “recabados ilegal e ilícitamente y sin su consentimiento”. Además, se hizo mención a la existencia de otros audios que, de ser ciertos, “habrían sido obtenidos también de manera ilegal e ilegítima” y requirió prohibir su circulación.

El magistrado hizo lugar a ese planteo y consideró que su decisión “no tiene por finalidad limitar ni menoscabar el debate público, ni el flujo de información que constituye la esencia de un sistema democrático”.

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El juez consideró que el alcance “se encuentra acotado a un hecho concreto, puntual y excepcional, que exige resguardar bienes jurídicos de igual jerarquía constitucional, tales como la intimidad y el honor de las personas involucradas, así como la seguridad institucional derivada de la eventual divulgación de contenidos sensibles para el funcionamiento del Estado”.

Y aclaró que “lo expuesto no importa convalidar la figura de la censura previa, en tanto la medida bajo análisis se circunscribe únicamente a una restricción de carácter provisorio y excepcional al ejercicio de la libertad de prensa”.

Por otro lado, también fue Adorni el encargado de anunciar que la cartera que dirige Bullrich “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, a la par que agregó: “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo” y advirtió: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.

En esa presentación penal, el Ministerio de Seguridad solicitó además allanar el canal de streaming Carnaval (el primero en dar a conocer los audios) y los domicilios de los periodistas que difundieron las grabaciones, Jorge Rial y Mauro Federico; de Pablo Toviggino -principal accionista de Carnaval- y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, al que el Gobierno responsabiliza por la filtración de las grabaciones. Esta denuncia recayó, por sorteo, en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, que actualmente subroga el juez Julián Ercolini.

En ese sentido, el Gobierno pidió que “se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (art. 239 CP)”.

A lo largo de 20 páginas, el escrito judicial del Gobierno cuestionó lo que consideró un “ataque” a una de sus principales funcionarias y una “burda operación de inteligencia no institucional” para “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar, desestabilizar (...) y, de este modo, influenciar en el proceso electoral”.

Mientras, Bullrich vinculó la filtración de los audios con servicios de inteligencia “paralelos” y también “extranjeros, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”.

La funcionaria le apuntó también a Rial y Federico que, insistió, “más que periodistas son gente que está participando de esta operación”. También disparó contra el dueño del canal Carnaval, una señal de “extraña procedencia de un señor que es tesorero de la AFA”, apuntó.

El descargo de Rial

Por su parte, Rial, ironizó en sus redes “Bienvenidos a Venezuela, era cierto que íbamos rumbo a eso” y alertó que “el gobierno nos acusa de una conspiración internacional. Hace un ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna” y arremetió contra la Rosada por ir “contra la libertad de prensa y expresión. Cada párrafo de su trasnochada denuncia es una intolerable amenaza”, para rematar: “hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia”.

Además, en su programa de radio, denunció amenazas y contó que el fin de semana al llegar a su casa se sorprendió al ver estacionado “un Falcon con un tipo adentro, tomando mate y mirando fijo”. Algo por lo que responsabilizó al Gobierno: “Es el sinónimo de la represión, uno de los emblemas de Javier Milei y de Victoria Villarruel, que homenajean a la dictadura”, aseveró.