Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado

La Justicia penal de La Plata dictó a primera hora de la tarde de ayer la prisión preventiva para la pareja de empleados del Senado bonaerense acusada de abuso sexual con acceso carnal, en algunos hechos con la calificación de gravemente ultrajante, en perjuicio de al menos cuatro víctimas.

Parte de los abusos, siempre en base a la línea argumental que se sostiene en la causa judicial, habrían ocurrido dentro del propio Senado provincial. Puntualmente en la oficina “007”, una dependencia bajo la órbita de la Presidencia del cuerpo.

Los imputados son Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos agentes de planta permanente de la Legislatura provincial, detenidos desde el 29 de diciembre de 2025.

El pedido fue formulado por la fiscal Betina Lacki, quien requirió al juez de Garantías Juan Pablo Masi que los mantenga en prisión, sospechados en varios hechos agravados por el uso de armas y la participación de dos personas, solicitud a la que el magistrado hizo lugar, aunque, según fuentes ligadas a la investigación, en algunos tramos de la conducta delictual enrostrada a Rodríguez y Silva Muñoz, con una figura aún más gravosa.

Según los testimonios incorporados al expediente, las víctimas -jóvenes en situación de vulnerabilidad por su edad o condición social- habrían sido captadas mediante promesas de trabajo, pasantías o beneficios, para luego ser sometidas a abusos sexuales y psicológicos.

De acuerdo con la investigación, Rodríguez y Silva Muñoz integraban la agrupación kirchnerista “Movimiento Ciudadano La Capitana” y se presentaban como referentes de una supuesta secta denominada “La Orden de la Luz”, desde donde ejercían un esquema de manipulación mística, coerción y amenazas.

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Las denuncias -dos de ellas realizadas en 2019 y otras presentadas el año pasado- describen un patrón reiterado: las jóvenes eran convocadas bajo la promesa de oportunidades laborales en la Legislatura y luego quedaban sometidas a la voluntad de la pareja.

Rodríguez tuvo un recorrido político en espacios periféricos del peronismo platense y, además de su rol legislativo, se desempeñaba como docente en una escuela secundaria y tenía una participación activa en clubes de barrio, donde fue jugador y entrenador de básquet.

Silva Muñoz, en tanto, se había incorporado a áreas de género dentro de la agrupación política y de un gremio estatal.

“En lugar de cuidar a las integrantes de la organización, la acusada utilizaba su posición para persuadir a las mujeres a concurrir a su domicilio particular o incluso a su oficina dentro del Senado bonaerense, donde luego eran abusadas por Rodríguez”, sostuvo la fiscal en su requerimiento de preventiva.

Tras varios meses de investigación, a fines de 2025 la fiscalía solicitó la detención de ambos imputados. Paralelamente, el Senado bonaerense dispuso su apartamiento de los cargos y la retención de sueldos y liquidaciones pendientes.

Durante la segunda quincena de enero, la fiscalía convocó a ocho testigos, entre ex compañeras de estudio, de trabajo y parejas de las víctimas, quienes ratificaron las denuncias y aportaron relatos coincidentes. Además, peritos judiciales comenzaron el análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos del 29 de diciembre.

“Puede haber información sensible en esos dispositivos. Hay mucha expectativa, pero el proceso requiere tiempo”, señaló el abogado Ignacio Fernández Camillo, representante legal de dos de las víctimas.

En base a distintos trascendidos que citó el portel Infobae, Rodríguez decía ser familiar de la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, aunque solo a los efectos de acrecentar su poder.

Los dos imputados buscan morigerar la situación actual del arresto y convertirla en domiciliaria

En sus declaraciones, de hecho, las víctimas contaron que mientras ocurrían los hechos lo percibían como “un todo poderoso”, “que tenía estudiados sus movimientos, que sabía todos sus secretos y lugares habituales”.

Los investigadores consideran que no se trata de algo aislado: mostrarse como un “peso pesado” dentro del kirchnerismo era parte de su estrategia para mantenerse impune de los delitos que le atribuyen.

Por último, se supo que en su resolución el juez Masi ordenó iniciar el trámite para un eventual arresto domiciliario una vez que la medida quede firme. Esto implica que, si se cumplen los requisitos legales y procesales, los acusados podrían acceder en el futuro a cumplir la detención bajo esa modalidad, una posibilidad que será evaluada más adelante por la Justicia.